Por Jaime de Althaus
(El Comercio, 22 de Mayo de 2015)
Ya vemos que las promesas electorales son fatales. Pueden llegar a ocasionar muertos como en Conga y Tía María. O heridos y engañados como entre los invasores de la Tablada de Lurín. El JNE debería elaborar un decálogo a ser firmado por los candidatos presidenciales que diga, por ejemplo: 1. No ofrecer que no habrá minería o que el agua es preferible al oro. 2. No ofrecer rebajas en el precio del gas o de cualquier otro bien. 3. No ofrecer a más poblaciones su inclusión en los programas sociales. 4. No ofrecer aumentos de sueldo generales o estabilidad absoluta en sectores que están en proceso de reforma meritocrática…
Habría que apurarse porque ya vemos, por ejemplo, que el ex presidente Toledo está haciendo campaña denunciando un “despido masivo” de 15 mil profesores sin título pedagógico en aplicación de “la ley de reforma de la carrera magisterial”, y planteando una prórroga de dos años para que saquen su título.
Toledo siempre ha dicho que la primera prioridad es una revolución educativa para invertir en capital humano. Bueno, eso no es posible si no elevamos sustancialmente el nivel de los profesores con una carrera meritocrática que los lleve a capacitarse, que atraiga a nuevos maestros de altas calificaciones y que vaya retirando a los que no rinden. Sobre esto tiene que haber unidad nacional. De lo contrario nos quedaremos en la edad de las pedradas.
Ese proceso de revaloración magisterial ya ha comenzado y, en lugar de sabotearlo, hay que apoyarlo, porque no es fácil. Ya hay 55 mil profesores que han ascendido mejorando sus remuneraciones, y otros 15 mil han sido seleccionados como directores, de manera meritocrática, y están recibiendo un curso de gestión. Más aun: otros 10 mil van a ingresar a la carrera en el segundo semestre luego de un examen, donde se premiará al tercio superior con un bono de 18 mil soles para atraer a los mejores.
Al mismo tiempo, no 15 mil sino algo menos de 11 mil salen del servicio porque carecen de las credenciales o las calidades suficientes. De ellos, según hemos podido averiguar, alrededor de 6 mil ya fueron cesados porque no lograron sacar su título pese a que la ley les daba dos años de plazo para hacerlo (este plazo se viene prorrogando desde el 2001, cuando el propio Toledo les dio tres años más para sacar su tí- tulo y luego extendió el plazo al 2010. La Ley de Reforma Magisterial del 2012 dio dos años más, que ya se cumplieron. No podemos seguir con este cuento). Otros 5.300 sí llegaron a sacar su título pero de ellos solo 540 pasaron el examen de nombramiento, pese a que este no era muy difícil.
Si a Toledo le importara realmente la educación, no pediría que los repongan o que no sean cesados, sino, en todo caso, que se les dé una ayuda social en la transición. Si queremos mejorar la calidad de la educación, que es clave, no podemos hacer demagogia ni populismo con la carrera magisterial, solo para pescar unos votos. No es responsable.
