Por: Jaime de Althaus, Periodista y antropólogo
El Comercio, 16 de noviembre de 2018
Todo indica que el presidente Vizcarra no dará su brazo a torcer en el asunto de la bicameralidad antes del referéndum. En entrevista concedida a “Semana económica” explicó que está de acuerdo con la bicameralidad, pero no “con ese tipo de bicameralidad, con esa desnaturalización que le han hecho a través de ese artículo”.
Bueno, pero eso tiene solución. Si Vizcarra está pensando en el país y no en su popularidad, bastaría que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, le plantee un acuerdo del Congreso para retirar esa parte de la reforma constitucional, a cambio de restablecer su apoyo.
El problema es que el presidente ya no querría volver a cambiar de posición de cara al referéndum. Estaría ganando consenso la idea de que, pasado el referéndum, se vaya a la bicameralidad mediante reforma constitucional en dos legislaturas seguidas.
Esa alternativa tendría que contar con el respaldo del presidente, pero aun así es difícil que el Congreso apruebe algo que el pueblo ha rechazado nada menos que en un referéndum. Sería desafiar abiertamente la voluntad popular. Salvo que desde ahora se explique a la ciudadanía que ese será el derrotero: que no se quiere el SÍ a la bicameralidad en este momento porque la reforma aprobada en el Congreso contiene cambios inconvenientes, de modo que lo que se estaría rechazando con el “NO”, no es la bicameralidad como tal, sino esos componentes nocivos, y que luego, ya sin ese lastre, el Congreso la aprobará mediante dos legislaturas ordinarias. Eso tendría que quedar muy claro antes del referéndum.
Luego de esto, resultaría vital que el presidente convocara también a una comisión de expertos, análoga a la que conformó para elaborar los proyectos de reforma del sistema de justicia, para que proponga el conjunto de reformas políticas que se requiere para mejorar la gobernabilidad y reconstruir un sistema de partidos y canales efectivos de representación.
Más aun si la bicameralidad no se llega a aprobar por ninguna vía, lo que sería letal porque terminaríamos con un Congreso unicameral sin reelección, en la improvisación política como sistema. Andamos a la deriva y hemos dejado que capas de capas de regulaciones y costos absurdos asfixien la actividad empresarial, de modo que ya casi no crecemos y la pobreza aumenta, debido a que no tenemos partidos serios que estudien los problemas y actualicen propuestas de reformas que nos permitan avanzar en lugar de retroceder. Llegan al poder o al Congreso sin un plan de gobierno real de modo que solo les queda reaccionar oportunistamente ante las demandas de grupos de interés y bolsones electorales con programas o leyes populistas que condenan el crecimiento futuro.
En el Congreso se ha presentado ayer una moción para conformar una comisión especial que priorice una agenda de reformas para sacar al país del marasmo. Es un sucedáneo, pero más vale tarde que nunca. Queda saber si el Ejecutivo resolverá sus contradicciones internas para decidirse por un conjunto de reformas que rescaten la competitividad del país, ahora que el Congreso está dispuesto. Las condiciones son ideales para ello.
Pero no debe olvidarse la gran reforma política.
