Jaime de Althaus, Periodista y antropólogo
El Comercio, 01 de setiembre de 2017
El caso de la sentencia del Tribunal Constitucional acerca de la ley antitransfuguismo es la típica situación en la que la política puede más que el derecho. En este mismo momento hay un conflicto sordo en el tribunal por lo siguiente: luego de que se vota una sentencia, hay siete días hábiles para que los disidentes emitan su voto singular. Y luego de que este es entregado, hay otros tres días para que los que votaron a favor se ratifiquen o rectifiquen. Pues bien, los siete días hábiles vencen el viernes 8 de setiembre, pero el flamante tribuno Augusto Ferrero jurará el lunes 4. Esto significa que, de acuerdo con la práctica establecida, sería Ferrero, ya no Urviola, que dejó de ser magistrado, quien tendría que ratificar o rectificar. Al parecer, los cuatro restantes que votaron por la inconstitucionalidad de la ley quisieran cambiar este procedimiento para permitir a Urviola que ratifique, porque fue él quien vio la causa. Detrás de esto están varios intereses: la posición de quienes buscan propiciar la división de la bancada fujimorista o, cuando menos, el fortalecimiento de Kenji dentro de ella, el deseo oculto de la facción Violeta-Heresi de emanciparse de Peruanos por el Kambio llegado el momento y el del grupo escindido del Frente Amplio de formar su propia bancada.
De la misma manera, detrás de la oposición a la sentencia resuena el interés de la bancada fujimorista de prevenir una división. La sentencia argumentaría que impedir que congresistas que se separan de una bancada puedan formar otra violaría principios constitucionales como el de la libertad de conciencia, pues no se distingue cuando un congresista renuncia porque su partido cambió de ideología. Se citaría el caso del humalismo, que ganó con la gran trasformación y gobernó sin ninguna transformación (aunque Humala abandonó ese programa incluso antes de la primera vuelta).
Pero también está el principio de la estabilidad del sistema democrático afectado por una excesiva fragmentación política. Fue este principio el que se impuso contra el alegado derecho a la participación política en la sentencia del TC sobre la valla o barrera electoral. Y la valla sirvió efectivamente para reducir el número de partidos que llegan al Congreso. Pero una vez dentro de él se vuelven a dividir. En el Congreso anterior entraron seis bancadas y terminaron nueve. De allí que la propia asociación Transparencia propusiera en el Plan 32 que “aquellos congresistas que deciden renunciar a su bancada original pasarán a formar parte de un grupo mixto único en el que no tendrán los derechos que tienen los miembros de una bancada”.
En realidad, estas leyes no son sino parches ante la ausencia de un sistema de partidos. Allí donde funcionan distritos uninominales no existen ni vallas ni restricciones porque hay pocos partidos. Pero en Colombia, por ejemplo, donde hay distritos plurinominales, sencillamente está prohibido pasarse a otra bancada o formar una distinta.
Lo que necesitamos es una verdadera reforma política.
