Jaime de Althaus, Antropólogo y periodista
El Comercio, 03 de junio de 2016
Los grupos sindicales y políticos, los colectivos anti-Keiko y las numerosas personas que se sumaron a la marcha contra Keiko Fujimori están planteando la votación de este domingo como una elección entre democracia y dictadura/corrupción. ¿Significaría eso que, si ganara Keiko Fujimori, la mayoría que la eligiere habría votado por que se instale una dictadura corrupta en el Perú? Evidentemente, no. Una proporción significativa de los que votan por ella lo hace por el recuerdo de la manera en que el gobierno de Alberto Fujimori los benefició (pacificación, crecimiento, obras, gestión directa de los programas de desarrollo en el campo).
Sin duda la eficacia en la gestión de la obra pública y del clientelismo tecnocrático que le permitió a Fujimori ser percibido como quien lideraba incluso el desarrollo local, fue facilitado por el grado de concentración de poder que acumuló. En la actualidad, con la descentralización masiva de funciones e inversión pública a los gobiernos subnacionales, el presidente tiene un rol mucho menos protagónico. Pero nos hemos ido al otro extremo, al punto que se ha perdido la noción de gobierno unitario, y la ineficiencia y la corrupción se han multiplicado en los niveles regionales y locales que ahora manejan todos los servicios y casi el 70% de la inversión pública.
En el voto por Keiko puede haber algo de nostalgia por una conducción presidencial más cercana y por servicios más eficientes y, paradójicamente, menos corruptos. La demanda, en el fondo, es por un Estado que resuelva problemas, que ayude, que acabe con las mafias y los delincuentes, que no venda la justicia ni la atención de la salud o de lo que fuere. De hecho, eso es lo que ella ha prometido: estar presente en las ciudades y pueblos del interior resolviendo problemas.
Si, en cambio, PPK ganara las elecciones, ese no sería su estilo. Tendría que impulsar muy fuertemente una profunda reforma del Estado que recupere la capacidad rectora y supervisora del Gobierno Central (con el apoyo de una digitalización masiva), profesionalice las administraciones regionales y locales, y depure, reorganice e introduzca meritocracia en la policía y el sistema judicial. Es una reforma difícil porque supone transformar estructuras patrimonialistas en organizaciones basadas en méritos y resultados, y eso genera resistencias. Solo se puede hacer con un liderazgo político muy claro que movilice apoyo popular por medio de múltiples formas de participación de los ciudadanos y de competencia entre entidades.
En realidad, lo mismo tendría que hacer Keiko Fujimori, porque si no damos un salto de calidad institucional y administrativa, involucionaremos. Podría hacerlo incluso mejor si lo hace desde abajo, como ella proclama, siempre y cuando el activismo de la conducción personal en la base social no le haga perder el objetivo mayor, sino que le sirva más bien para viabilizar políticamente un plan muy bien hecho. ¿Quién lo haría mejor?
Lampadia
