Jaime de Althaus
El Comercio, 11 de octubre del 2025
Cinco vacancias o renuncias presidenciales en siete años y siete presidentes en nueve años convierten al Perú en uno de los países más inestables e impredecibles del planeta. Eso aleja inversiones y nos quita viabilidad. Crecemos gracias a la potencia del modelo económico –aún disminuido por sobrerregulaciones–, pero deberíamos estar creciendo al 8% con los precios de los minerales.
El ciclo de la anarquía, que consume al país, tiene que acabar. Comenzó en el 2016. Su causa profunda es, como ha recordado Iván Arenas, el antifujimorismo, que provocó una sucesión de resultados electorales, confrontaciones y persecuciones judiciales que terminaron a la postre en la elección de Pedro Castillo, producto también en parte del antifujimorismo, de cuyo gobierno heredamos a Dina Boluarte.
Boluarte claramente no tenía el nivel y el liderazgo necesarios, pero además cayó en la trampa que le tendió la fiscalía, dominada por la misma corriente que desató las persecuciones políticas. Las investigaciones a la expresidenta se convirtieron en operativos mediáticos con propósitos políticos, violando el espíritu del artículo 117 de la Constitución, como luego aclaró el Tribunal Constitucional. Al final consiguieron su propósito.
Para defenderse, la expresidenta nombró a un ministro del Interior que desactivó la Diviac y confrontó a la fiscalía, la que a su vez lo denunció y también lo allanó en dos oportunidades. En esa guerra de poderes, la coordinación indispensable entre policía, fiscalía y jueces para luchar contra la criminalidad fue imposible, y las extorsiones avanzaron imparables. Esa es la raíz del problema. El ataque a Agua Marina no ha sido sino el último episodio que desbordó el ánimo público y provocó la vacancia.
Cuando Gustavo Adrianzén renunció, se le pidió a Boluarte que dialogara para buscar un primer ministro de consenso que le diera aliento al gobierno hasta el 2026. No lo hizo. Asustada por las acusaciones, se refugió en su círculo protector, que la hundió.
Y cuando Boluarte avaló el octavo retiro de las AFP, pese a la reforma del sistema de pensiones aprobada, dio la señal de que ya no era gobierno.
Pero las bancadas en el Congreso han aprovechado para sanear su apoyo a Boluarte, vacándola. Jerí, sin embargo, no ha sido una buena elección. ¿Podrá convocar a un Gabinete de alto nivel? En todo caso, deberá hacer lo que Boluarte no pudo: llamar al fiscal de la Nación y a la presidenta del Poder Judicial para, junto con el ministro del Interior –que esperemos, sea competente– y el jefe de la PNP, conformar por fin un comando unificado para la lucha contra la criminalidad que a su vez decida formar equipos integrados de policías, fiscales y jueces comprometidos –al estilo de las unidades de flagrancia– para autorizar de manera inmediata pedidos de información a las operadoras telefónicas sobre los celulares extorsionadores, órdenes de allanamiento y de prisión preventiva.
Como decíamos, el ciclo anárquico tiene que acabar. Ayudará si el TC pone fin a los juicios políticos, que han ensuciado la democracia. También sincerar la práctica de las vacancias yendo a un sistema parlamentarista en el que el Ejecutivo tenga mayoría por definición. El Perú tiene que relanzarse.
