Por: Jaime de Althaus, Analista político
El Comercio, 25 de junio de 2021
La “declinación” del fiscal Luis Arce a permanecer como miembro del Jurado Nacional de Elecciones es algo muy grave tanto por el hecho mismo como por lo que denuncia. Más allá de señalamientos impertinentes a otras autoridades, lo cierto es que sus acusaciones de parcialidad obligan al JNE, ahora más que nunca, no solo a ser imparcial, sino a parecerlo.
Y la única forma de parecerlo es dar curso a lo que se le ha demandado por transparencia: que pida las listas de electores de las mesas cuestionadas para cotejar el número de electores que firmó el padrón con el número de votos que aparece en las actas. Esa es una operación muy simple que no demanda ni 5 minutos en casa caso. Y también pedirle al Reniec que verifique la autenticidad de las firmas allí donde sea necesario, algo que Reniec hace de manera rutinaria.
¿Tan difícil es? Uno tiene derecho a sospechar que si no se quiere hacer algo que tranquilizaría a medio país y le permitiría aceptar el resultado sea cual fuere, y contra lo cual no hay razones legales realmente insalvables, es porque, efectivamente, se ha tomado parte.
Más aun considerando las denuncias de irregularidades. Se cita el estudio de Ipsos como indicador de que no hubo desviaciones atípicas que favorecieran a un candidato más que a otro, pero ese mismo estudio señala que si se eliminan las actas con cero votos para cada candidato, la distancia se reduce en 11.000 votos. ¿Y en cuánto se reduciría si se eliminara las actas con 1 voto para cada uno? Ipsos no respondió a esa pregunta.
Ese estudio compara el porcentaje obtenido por cada candidato en cada una de las actas versus el porcentaje que obtuvo en el local de votación o distrito al cual pertenecen las actas. Pero hay otro estudio, el del matemático Arturo Arriarán –que fue objeto de burla porque se presentó como experto en criptoanálisis-, que compara con la votación de la primera vuelta. En suma, calcula qué cantidad de votos pudo tener cada candidato en cada mesa considerando los votos que tuvo en primera vuelta y los de candidatos afines según determinados porcentajes de transferencia. Y encontró 1.759 actas altamente sospechosas, en las que Keiko Fujimori obtuvo un 80% menos de los que debió sacar.
Ello es consistente con el hecho de que en muchos sitios del sur del Perú las gentes no querían ser personeros de Fuerza Popular por miedo, debido a una estrategia de amenazas a las personas (matarles ganado, cortarles el agua, castigos físicos…). Ello, sumado a la directiva dolosa dada a personeros de Perú Libre de tomar las mesas antes de que lleguen los miembros encargados, hizo que en muchos locales gente de PL tuviera el control total. Una de las evidencias presentadas por Lourdes Flores revela precisamente la existencia de un mismo puño gráfico presente en varias mesas.
Son temas que no se pueden ocultar así nomás. Por lo tanto, como decíamos, el jurado debe cotejar con las listas de votantes y Reniec certificar las firmas. O, como se ha pedido, solicitar una auditoría a la OEA.
