Jaime de Althaus
El Comercio, 19 de julio del 2025
Fue inevitable entonces que el Ministerio Público, convertido en un peligroso instrumento de persecución política, fuera objeto de una lucha sin cuartel por su control.
Algo tenemos que hacer. Cada día aparecen nuevos elementos acerca de cómo se controló la Fiscalía de la Nación y parte del Poder Judicial para convertirlos en un instrumento de poder político. Dos testimonios, el de Jaime Villanueva y el de la fiscal Norah Córdova coinciden en que el fiscal supremo Pablo Sánchez le habría entregado los audios de Los Cuellos Blancos del Puerto a Gustavo Gorriti. Esa información tiene que ser investigada y verificada, porque sería muy grave de ser cierta. Podemos imaginar el poder sobre fiscales y jueces de quien tiene en sus manos centenares o miles de audios. Y Villanueva ha vuelto a explicar cómo orientaba las investigaciones del Caso Lava Jato.
Pero en el Ministerio Público no hay reacción. Al contrario, hace pocos días José Domingo Pérez, que hace tiempo debió haber sido separado, ha vuelto a la carga pidiendo 35 años de cárcel para Keiko Fujimori por algo que no era delito. Recordemos que el 2021 precipitó la acusación días antes de las elecciones sin haber terminado las diligencias solo para tratar de afectar los resultados electorales. Es un caso de criminalización de la política y persecución continuada e impune que debería avergonzar a la democracia peruana y que, junto con otros, destruyó la clase política dejando el país en manos de Castillo.
Hace unos meses también Ollanta Humala fue encarcelado por haber recibido una donación de campaña, sin que siquiera se buscara demostrar que existiera un vínculo entre esa donación y la adjudicación del gasoducto del sur a Odebrecht.
La filtración sistemática de denuncias por parte de los fiscales a los medios de comunicación fue un arma para construir imagen propia y opinión pública favorable a los objetivos políticos de la persecución. No solo eso. Natale Amprimo ha descrito con claridad cómo se ha desnaturalizado la colaboración eficaz, que se ha convertido en un instrumento no para buscar la verdad sino para acusar a quienes se quiere acusar, y cómo los jueces en lugar de rechazar acusaciones infundadas suelen acogerlas sin cambios por temor a ser acusados de prevaricato u otras acciones que luego les impiden ascender, y cómo los fiscales y jueces independientes que no forman parte de la argolla son apartados o se ven obligados a renunciar.
Fue inevitable entonces que el Ministerio Público, convertido en un peligroso instrumento de persecución política, fuera objeto de una lucha sin cuartel por su control, del que se aprovecharon también congresistas interesados en conseguir la impunidad. Recientemente la fiscal de la Nación llegó al extremo de desacatar una resolución de la JNJ, quebrando el Estado de Derecho. Su vehemencia por aferrarse a un cargo que cedería solo unos pocos días refleja precisamente la medida en que el Ministerio Publico se ha convertido en un instrumento de poder político, cuyo control un sector ve peligrar.
Pero la guerra escala a nuevos niveles. Ahora un fiscal ha denunciado por organización criminal a periodistas de Willax por informes críticos acerca de la fiscal Marita Barreto, baluarte del sector dominante. Solo en una dictadura se usa la justicia para acallar investigaciones de un medio de comunicación.
Esto tiene que terminar.
