Jaime de Althaus, Antropólogo y periodista
El Comercio, 15 de enero de 2016
El Ejecutivo observó la ley que permite al que se jubila retirar el 95,5% de su fondo acumulado, pero, con un apuro digno del más puro electorerismo, ya congresistas están reuniendo firmas para convocar de inmediato una legislatura extraordinaria y no esperar hasta marzo para insistir en la ley.
Una ley que es muy peligrosa y que solo se explica como un subproducto del mundo sin partidos políticos que tenemos, en el que todo vale sin importar que una de las consecuencias pueda ser la destrucción de la salud fiscal que el país conquistó con gran sacrificio luego del trauma colectivo de la hiperinflación.
Porque es evidente que si quien se jubila puede retirar todo su fondo a los 65 años, desaparece la razón para obligarlo a aportar todos los meses a lo largo de su vida laboral. Tamaña injerencia del Estado en las decisiones personales solo se justifica para crear una pensión de jubilación, en el supuesto de que, librada a su propia voluntad, la mayor parte de las personas no ahorraría para ese efecto de modo que al final el Estado tendría que hacerse cargo de ellas de todas maneras.
De modo que sin un sistema privado de pensiones como el que tenemos, con capitalización individual, podríamos terminar con la mayor parte de los adultos mayores dependiendo de asignaciones estatales, comprometiendo la estabilidad fiscal del Estado peruano. En otras palabras, estaríamos yendo a pasos acelerados al abismo del que Europa ahora quiere alejarse, cuando teníamos el instrumento perfecto para nunca acercarnos a él, que es la capitalización individual por medio de una AFP.
No se puede ser tan ciego. La misma política que quiere destruir el sistema privado de pensiones se ocupará de pedirle al Estado que se encargue de todos. Ya vemos, por ejemplo, como el Frente Amplio de Verónika Mendoza ha ofrecido duplicar tanto la asignación por Pensión 65 como el número de beneficiarios. Pasaríamos entonces de un presupuesto de 850 millones a uno de 3.400 millones, el doble del presupuesto del Poder Judicial para el 2016.
Una ley como la 95,5 contiene una decisión implícita previa: eliminar la obligatoriedad del aporte previsional y dejar en libertad a los ciudadanos de aportar o no a un sistema, privado o público, de pensiones. Es el fin de cualquier sistema de pensiones, privado o público. Y supone también la decisión previa e implícita de convertir las pensiones en un programa presupuestal del Estado, que obviamente será cada vez más oneroso cuanto más envejezca la población. ¿Alguien ha hecho el cálculo?
Esa ley solo tendría sentido si es que viene antecedida de un acuerdo nacional, inscrito en la Constitución, en el sentido de que el Estado no se hará cargo de las pensiones de los ciudadanos, puesto que estos serían perfectamente capaces de ahorrar por su cuenta a lo largo de su vida o, en su defecto, serán socorridos por sus familias. Yo estaría de acuerdo con esto. Pero la política marcha en el sentido contrario: pide echar abajo un sistema que funciona y nos libera de males futuros, y pide al mismo tiempo reemplazarlo por esos mismos males.
