Por: Jaime de Althaus, Periodista y antropólogo
El Comercio, 7 de diciembre de 2018
Es una gran lástima para el país que los cambios institucionales que propugna el gobierno vía el referéndum sean tan contradictorios. Hubiera podido haber sinergia entre la reforma judicial y la política, pero hasta ahora lo que podamos avanzar en la primera quedará desandado en la segunda. Y no podemos resignarnos a eso.
Hay que decir Sí a la reforma del sistema de justicia, porque si se aprueban las leyes que faltan y el presidente conduce con verdadero liderazgo el Consejo de Reforma que debe crearse, podemos tener un sistema judicial moderno, eficiente y honesto en algunos años. Esto se sumaría a un conjunto de hechos que podrían llevarnos a otro nivel institucional, a implantar el imperio de la ley y disminuir radicalmente la corrupción en el país. Por ejemplo, los megaoperativos constantes y sostenidos contra organizaciones criminales incluyendo alcaldes y hasta generales de la policía (falta retirar el blindaje legal a fiscales y jueces), algo sin precedentes.
O la reciente creación de la asociación civil Empresarios por la Integridad, cuya primera acción es la iniciativa Cero Soborno, que no es una declaración de buenas intenciones, sino un conjunto de procedimientos, prácticas y capacitaciones certificadas internacionalmente para asegurar que ninguno de los gerentes o empleados soborne jamás a un funcionario público o a un juez. Esto puede tener un impacto enorme, pero debe complementarse con la simplificación administrativa y regulatoria, la digitalización del Estado y la meritocracia a todo nivel. Si a esto agregamos las reformas laboral y tributaria, reduciremos sustancialmente la informalidad, cuyo hábitat es la corrupción.
Tendríamos otro país. Habríamos construido por fin un Estado de derecho. Pero eso resultaría muy frágil si no hay gobernabilidad. Y allí falla el referéndum, porque de resultas de él, tal como van las cosas, acabaremos con un congreso unicameral sin reelección, la peor fórmula, una que no ayudará a gobernar y menos a consolidar una clase política experimentada ni partidos políticos sólidos, que es lo que necesitamos. La institucionalidad democrática, entonces, será aún más disfuncional.
Por eso hay que votar por el No a la tercera pregunta (no reelección). Cuando el presidente propone la no reelección de los congresistas, está recogiendo la misma demanda de democracia delegativa (O’Donnell) o autoritaria o populista que, por ejemplo, ha llevado a Evo Morales a postular por cuarta vez consecutiva, superando largamente a Fujimori. Es una demanda por un gobierno fuerte, sin Congreso si fuera posible. La no reelección de congresistas disuelve simbólicamente el Congreso. De allí la popularidad de Vizcarra.
Y votar Sí a la cuarta (bicameralidad). Es cierto que viene con el presente griego de una cuestión de confianza disminuida, restando poder al Ejecutivo. Pero eso no es tan gravitante cuando hay bicameralidad precisamente, porque esta es en sí misma un límite al poder del Congreso. Y permite que una de las cámaras sea elegida en distritos pequeños, lo que fomenta la reducción del número de partidos y una mejor representación de los ciudadanos, que saben quién es su representante. Sin eso, no hay verdadera democracia ni gobernabilidad.
