El Comercio, 17 de febrero de 2017
Este tema ya debe estar cansando, pero hay que insistir porque lo primero que hay que hacer para prevenir la corrupción es prevenir la confusión, que aprovecha de la megacorrupción inyectada por las empresas brasileñas para hacer creer que el modelo económico y la tecnocracia son los responsables de ella. Esa confusión sí que nos llevaría al paraíso de la corrupción, pues cambiar una economía libre por una economía intervenida y dirigida por el Estado sería entronizar el robo.
Ningún modelo económico está libre de corrupción, pero unos son intrínsecamente más corruptos que otros. Cuando la libre competencia en el mercado es sustituida por las decisiones de la burocracia o del ministro o el presidente, ganan quienes más llegada tienen y más dinero ofrecen a la autoridad. Gana no el más eficiente, sino el que paga más al funcionario.
Juan José Garrido cita el estudio de Ana Isabel Eiras, “Ética, corrupción y libertad económica”, que, luego de correlacionar la data de muchos países, encuentra una relación negativa entre libertad económica y corrupción: a mayor libertad económica, menor corrupción y viceversa.
Por eso, lo primero no es cambiar el modelo actual, sino, por el contrario, repotenciarlo, comenzando por hacerle un mantenimiento profundo para restablecer la libertad económica restringida por ese intervencionismo de baja intensidad (sobrerregulación) que se ha ido reimplantando en los últimos dos lustros. Para eso, el gobierno ha dado buenos decretos legislativos, aunque falta derogar regulaciones sectoriales que por su complejidad siguen escogiendo ganadores, normalmente a los más poderosos.
Pero en la obra pública o público-privada es inevitable escoger ganadores. Allí se concentra entonces la corrupción. La reforma de Pro Inversión ayudará a prevenirla, porque lo blindará mejor de la injerencia política, impedirá que salgan proyectos crudos, pondrá límite a los incrementos por adendas y reforzará su calidad tecnocrática, precisamente. Pues la tecnocracia en Pro Inversión no ha sido fuerte, sino débil, y por eso ha fallado o se ha coludido en algunos casos. Hay que fortalecerla, no debilitarla aun más.
Se confunde diciendo que en la base de esta corrupción están políticos débiles y una tecnocracia empoderada. En los grandes casos, políticos torcieron la voluntad de los tecnócratas, que adecuaron los proyectos. Por supuesto que se requieren políticos más fuertes –un sistema de partidos–, pero no para que la tecnocracia justifique decisiones políticas populistas, sino para que proporcione una visión y para que decisiones técnicas puedan ser políticamente viables. Pues los tecnócratas son muy malos políticos, y, dado que reformas indispensables tocan intereses rentistas y generan resistencias, solo políticos con liderazgo y persuasión pueden sacarlas adelante. Alan García, por ejemplo, logró aprobar la reforma magisterial meritocrática contra la aguerrida resistencia del Sutep.
Pero ahora necesitamos una tecnocracia mucho más fuerte –no más débil– en el Ministerio de Educación, para gestionar esa meritocracia. Y en todo el Estado.
