Una pregunta que debemos hacernos es si la CGTP es un actor democrático en nuestro país.
El 31 de enero, la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, convocó a sesión del Consejo Nacional Trabajo (CNT). Allí propuso discutir el Objetivo 5 de la Política Nacional de Competitividad, relativo al mercado laboral. Pero la CGTP, que se había quejado de que no había sido consultada, no aceptó discutir ese objetivo de la política. Exigió sencillamente la derogatoria del decreto supremo que aprueba la Política Nacional de Competitividad, un instrumento indispensable para relanzar nuestro crecimiento, reducir la pobreza y generar empleo.
Y ayer la CGTP simplemente se retiró de la reunión del CNT porque dicha política no ha sido derogada, pese a que su capítulo laboral es tan tímido que no plantea reforma laboral alguna. Protesta contra la nada. Un actor que no quiere dialogar y que exige prepotentemente derogar algo tan importante para el futuro del país, sencillamente no es democrático, no es concebible en una democracia.
Quizá sabe que si entra a dialogar no podría sostener con argumentos sus posiciones y tendría que ceder. La razón está abrumadoramente del lado de la necesidad de hacer cambios, para incorporar a las mayorías. Se diría entonces que tampoco es un actor racional. Si lo fuera, apoyaría la reforma, porque en peor situación no puede estar no solo la situación laboral de los peruanos, sino la del propio movimiento sindical. En efecto, la tasa de sindicalización en el Perú es casi inexistente: los trabajadores sindicalizados en el sector privado son apenas el 1,2% de la población ocupada, un porcentaje ridículo que debería darle vergüenza a la CGTP. Y son apenas el 5,8% de los trabajadores privados en planilla. Su fuerza está en los profesores públicos del Sutep, sindicato hoy también debilitado por escisiones hacia el Movadef.
Si quisiera ampliar su base, comenzaría por apoyar el cambio de la sentencia del Tribunal Constitucional que consagra la estabilidad laboral absoluta, que es la causa de que cerca de un millón de contratos permanentes hayan sido sustituidos por contratos temporales entre el 2002 y el 2015, como ha demostrado Miguel Jaramillo. Dicha sentencia no solo precariza el trabajo, sino que la sindicalización es muy difícil si 4 de 5 trabajadores están con contratos temporales. A la CGTP le convendría que una proporción mayor de los contratos fueran a plazo indefinido, para ampliar su base sindical. Así como debería interesarle todas las otras reformas laborales que permitirían mucha más demanda de trabajadores con derechos y mucho mejor pagados.
Pero si no le interesa ni su propio bien no es porque no sea un actor racional, o solo porque la ideología le nuble el entendimiento de estas verdades de Perogrullo. Sino que la racionalidad que la mueve no es la del interés de la institución como tal –que debería procurar su ensanchamiento sindical–, sino la del interés particular de dirigencias sempiternas que no quieren perder su pequeña –pero bien financiada– parcela de poder, aunque se hunda el resto. O la del interés político de dirigencias que pertenecen al Partido Comunista. Eso es todo.
La CGTP es un lastre para los trabajadores peruanos.
Por: Jaime de Althaus, Periodista y antropólogo
El Comercio, 22 de febrero de 2019
