Jaime de Althaus
El Comercio, 7 de junio del 2025
Lo que se requiere acá es un diálogo maduro entre la Sociedad Nacional de Minería, gremios de mineros informales y otros actores para buscar fórmulas de consenso.
La miserabilidad de la política y la crítica áspera a los poderes del Estado no debe hacernos perder la atención sobre un proceso que tiene que ser exitoso si queremos un país viable. Me refiero a la integración de un vasto sector de mineros informales al sistema legal y a la eliminación de la minería ilegal.
La estrategia para ello está en marcha, pero el avance supone obstáculos y batallas complejas, con resultado incierto. Aprobado el reglamento de la ley que prorrogó el Reinfo y creó el Sistema Interoperable para la trazabilidad, está corriendo el plazo de 45 días para excluir del Reinfo a todos aquellos suspendidos que no regularicen su situación. Allí podrían salir unos 30.000 o 40.000 de los 84.000 inscritos.
Lo siguiente es formalizar a los formalizables. Los gobiernos regionales solo habían logrado formalizar algo más de 2.000 en 12 años. Por eso la ley le encarga esa tarea al Ministerio de Energía y Minas (Minem), para lo cual ya envió equipos a los gobiernos regionales a recoger los expedientes de los mineros en proceso de formalización, con el propósito de formalizar a unos 4.000 en dos meses y a unos 30.000 hasta fin de año si se aprueban ciertos cambios en la próxima ley sobre minería artesanal y de pequeña escala (MAPE).
Pero aquí comienza la primera batalla. Hay nueve gobernadores que, desacatando la ley, se niegan a entregar dichos expedientes, pese a que la formalización no es una función otorgada en la ley orgánica de gobiernos regionales. El presidente del Consejo de Ministros tendría que llamar uno a uno a los gobernadores y los propios gremios de informales presionarlos si realmente están interesados en la formalización. O denunciarlos penalmente por desacato a la ley.
La segunda batalla es la ley MAPE. El predictamen que se está debatiendo en el Congreso tiene algunas disposiciones positivas (la formalización y fiscalización de la MAPE pasan definitivamente al Minem; ciertos incentivos a los concesionarios para firmar contratos de concesión), pero otras ambiguas o claramente negativas que podrían seguir camuflando la minería ilegal (un neo Reinfo en el que no se fijan plazos para formalizarse) o perforarían el sistema de concesiones (la imposición de servidumbres) sin el cual no podremos desarrollar el gran potencial minero del país.
Lo que se requiere acá es un diálogo maduro entre la Sociedad Nacional de Minería, gremios de mineros informales y otros actores para buscar fórmulas de consenso en un tema que no es nada fácil, pero que se puede manejar si se separan distintos tipos de realidades. Por ejemplo, más de la tercera parte de los “reinfos” están en concesiones extinguidas, de modo que allí la solución es sencilla. Solo 12.000 están en concesiones de mediana y gran minería, de los cuales muchos serán excluidos.
La otra gran batalla es Pataz. Allí se pondrán a prueba los sistemas de control y trazabilidad, y la relación con la población, ahora que se reanuda la producción desde el lunes. Es un laboratorio para adaptar los aprendizajes en otras zonas.
Si el país logra resolver todo esto, se habrá graduado.
