Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 19 de julio de 2019
El Comercio, 19 de julio de 2019
El llamado paro indefinido contra el proyecto Tía María llega hoy a su quinto día y, por lo que hemos visto hasta ahora, el volumen de las movilizaciones es bastante menor que en las dos ocasiones anteriores, pese al activismo irreverente del atrabiliario gobernador de Arequipa y aun cuando más de la mitad de los que marchan vienen de Arequipa u otras ciudades.
Ello es consecuencia, en parte, del cambio de conducta de Southern en el valle, que desde hace casi tres años inició una política de relación con la población para despejar los mitos sobre los impactos negativos del proyecto y para dar servicios de apoyo social y productivo.
También es consecuencia de procesos judiciales sufridos por dirigentes del paro anterior, que pasaron por la cárcel y ahora están con reglas de conducta, como es el caso del principal líder antiminero Jesús Cornejo, desprestigiado y muy criticado por su gestión al frente de la Junta de Regantes, donde no rinde cuentas. Junta que, justamente por eso, se ha dividido, dando nacimiento a la Junta de Regantes Valle Arriba. El resultado es que Cornejo ya no moviliza como antaño.
El movimiento antiminero está dividido y sus líderes ya no coordinan bien. Un factor clave es el financiamiento. En los conflictos anteriores, arroceros y cebolleros solventaron los pagos a los movilizados. Ahora eso no estaría ocurriendo. Los molineros de arroz ya no están en contra del proyecto.
El temor a perder peones atraídos por la mina habría sido conjurado en el sentido de que la mina no los tomaría. La burguesía rural no se habría plegado.Lo que vemos son piquetes que bloquean débilmente por momentos la carretera. Se intenta forzar a sectores a movilizarse, como siempre se ha hecho, pero con menos éxito.
El objetivo de los dirigentes, profesionales del conflicto, es provocar enfrentamientos que lleven a una muerte. La policía, sin embargo, está actuando con prudencia. Suponemos que luego denunciará a los dirigentes por el delito de bloqueo.
Hay, sin embargo, un factor de desestabilización que está magnificando las dimensiones del conflicto. Es la acción levantisca y desorbitada del gobernador regional, que arrastra a los alcaldes y anima a los dirigentes y a sectores de la población.
Escuchamos al alcalde provincial de Islay, Edgar Rivera, repetir, con miedo en los ojos, el chantaje inaudito de responsabilizar al presidente Martín Vizcarra de cualquier muerto, que es lo que buscan precisamente. Pero es posible que Rivera esté amenazado por algunos dirigentes, que siempre, en estos casos, instauran una dictadura de lucha.
El gobierno tiene que ser paciente, sí; pero tiene que ser claro. No basta con invocar al diálogo para “aclarar las dudas de la población”. Tiene que garantizar que el EIA, que absolvió incluso las 138 observaciones que formulara Unops, se va a respetar y no habrá afectación del agua, y que se compromete a supervisar que eso será así.
Tiene que anunciar la construcción de la represa de Yanapuquio. Tiene que explicar la importancia fundamental de la minería para el desarrollo regional y nacional. Y solicitar a la empresa la formación de un fondo social que adelante el canon futuro para ejecutar un plan integral. Tiene que haber convicción.
