Conga no es solo Conga. Es Galeno, Michiquillay, La Granja y otros proyectos cuya suerte está atada a Conga. Es la prueba de fuego de que el Estado de derecho funciona y de que podemos construir una institucionalidad que armonice las relaciones entre inversión y comunidad y que atraiga más inversiones responsables que nos permitan saltar a otro nivel de desarrollo. Sin Conga y los proyectos adláteres, la palanca de la minería para el desarrollo nacional está rota.
Por eso, la batalla por la minería formal en Cajamarca es tan o más importante para el futuro del país que la batalla contra la minería ilegal. El presidente tiene un bloqueo en este tema, pero no puede eludir su responsabilidad. Podría comenzar aplicando algo que parece estar dando resultado en el combate contra la minería ilegal, donde el nombramiento de un alto comisionado de Asuntos de Formalización de la Minería, que reporta al mismo presidente de la República y tiene los poderes necesarios, ha permitido identificar los obstáculos, destrabar decisiones, coordinar a varios sectores y gobiernos regionales, a la policía, a la Sunat, a la fiscalía y avanzar en pocas semanas lo que no hizo en dos años.
En efecto, dentro de poco habrá ventanillas únicas y más recursos y personal en las regiones para formalizar a los mineros informales, y se enviará a conciliadores del Ministerio de Justicia a lograr acuerdos entre los dueños de las concesiones y los mineros informales precarios. Al mismo tiempo, para combatir la minería ilegal, un decreto supremo fijará cuotas de combustible y mercurio en Madre de Dios, y se elaborará un registro de usuarios. Se cerrarán las plantas de cianurización ubicadas en zonas prohibidas, y las otras serán formalizadas. No queda claro aún si se puede usar tecnología no contaminante (gravimetría) en los cursos de agua ni si está disponible esa tecnología.
La estrategia que se requiere para ganar la batalla de Cajamarca es también compleja y requiere de un alto comisionado con similares poderes. Se necesita combinar acciones de trabajo político, comunicación y persuasión, formación de opinión pública, inteligencia, intervención policial y judicial, desarrollo de la productividad campesina instalando reservorios familiares y riego por aspersión, etc. Ley, comunicación y desarrollo, en suma. Quizá ‘mesas de desarrollo’ intensivas y un equipo a tiempo completo gestionándolas.
Por supuesto, la personalidad del alto comisionado es importante, tanto como que reporte directamente al presidente de la República, que debe asumir el reto como lo está asumiendo en la lucha contra la minería ilegal. Finalmente, la minería formal y responsable es la otra cara de la minería ilegal y de la ilegalidad en general. La batalla por Cajamarca es la batalla por el establecimiento del Estado legal en el país.
Los antimineros le han declarado la guerra a la minería formal –a la legalidad, al Perú– y hasta ahora la vienen ganando. Es hora de comenzar a revertir esa situación. De lo contrario, terminarán de romper la palanca que necesitamos para empinarnos al desarrollo.
Publicado en El Comercio, 11 de octubre de 2013
