Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 12 de agosto del 2023
“Para enfrentar a esta organización y al narcotráfico, es indispensable un trabajo coordinado de las policías nacionales”.
Como se ha dicho, el terrible asesinato del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio es una señal de alarma muy potente. Periodista de investigación, había escrutado y denunciado a Rafael Correa y al narcotráfico. Su muerte fue una decisión del crimen organizado internacional, que también está presente en nuestro país, por supuesto.
El contexto en el que se dio este magnicidio contiene varios hechos relacionados. Primero, el socialismo del siglo XXI, al que pertenece Correa y que tiene su matriz en Venezuela y una fuerte sucursal en Bolivia. Recordemos que en Venezuela el narcotráfico es una actividad cuasioficial. Allí impera el llamado Cartel de los Soles, encabezado por las más altas autoridades del Gobierno Venezolano. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha ofrecido cuantiosas recompensas por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.
Bolivia es también hasta cierto punto un narcoestado. Quien fuera su presidente durante casi 14 años, Evo Morales, es el líder del movimiento cocalero. Su partido, el MAS, sigue en el poder. Morales estuvo muy activo en el Perú durante los primeros meses del gobierno de Pedro Castillo, cuando este trató de legalizar la producción de todos los cocaleros del Vraem y otras zonas. Guillermo Bermejo presentó un proyecto de ley al respecto. Nos libramos por un pelo.
Pero Venezuela cuenta ahora con una organización de penetración y destrucción mucho mas fuerte que las casas del Alba. Es el Tren de Aragua. Fernando Rospigliosi reseña en Lampadia el libro de la periodista venezolana Ronna Rísquez, “El tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”. Narra cómo el ‘Niño Guerrero’ dirige las operaciones de esta organización desde la cárcel de Tocorón, donde goza de una confortable residencia de dos pisos, con aire acondicionado, piscina y todas las comodidades. Esa ‘cárcel’ tiene discoteca, parque infantil, zoológico, caballerizas, centro de apuestas a las carreras de caballos, casino, gallera, estadio de béisbol (contratan equipos famosos) y un sistema bancario propio.
Es clara la asociación con el gobierno. El ‘Niño Guerrero’ entra y sale de la prisión como quiere. “La narco-dictadura de Maduro pidió ayuda al Tren de Aragua”, señala Rospigliosi, “para reprimir las masivas protestas del 2017. La banda envió un nutrido grupo de delincuentes de la prisión para ayudar a los destacamentos chavistas. Aplastaron la rebelión con 163 muertos y 3.000 detenidos”.
El Tren de Aragua está en el Perú y en varios otros países, incluyendo Chile. Es el principal responsable del incremento notorio de las extorsiones y el sicariato. Para enfrentar a esta organización y al narcotráfico, es indispensable un trabajo coordinado de las policías nacionales. Pero es imposible coordinar planes con la venezolana. Los países afectados deben exigir a Venezuela que anule el Tren de Aragua, aunque eso parece iluso. La necesidad de la caída de ese régimen se convierte ya en un asunto de sobrevivencia regional.
Nuestra Policía Nacional tiene una cierta ventaja comparativa sobre las otras policías: sabe investigar. Desarrolló ese aprendizaje con excelencia en la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA. Pero está trabada por limitaciones estructurales. Para empezar, no tiene autonomía para hacer las investigaciones, pues depende demasiado de la presencia o autorización del fiscal, que puede demorar mucho, de modo que se pierden pistas y oportunidades valiosas. Segundo, el sistema judicial carece de capacidad para procesar a la gran cantidad de detenidos que son liberados porque no se ha establecido un proceso inmediato en locales distritales que integren a policías, fiscales y jueces y una carceleta para penas cortas. Y, tercero, carece de laboratorios de criminalística, lo que lleva a soltar también a los detenidos porque el Nuevo Código Procesal Penal es ‘garantista’ y exige pruebas para detener de manera preliminar, y sin laboratorios no hay pruebas. Entre otras limitaciones, por supuesto.
Las facultades legislativas solicitadas orientadas a resolver estas dificultades deben ser aprobadas.
