Jaime de Althaus, Antropólogo y periodista
El Comercio, 2 de diciembre de 2016
El Gobierno está reformando el sistema de inversión pública y público-privada, lo que está muy bien, pero la tarea de tener un Estado eficiente y profesional supone reconstruir un gobierno unitario gravemente herido por una descentralización mal hecha y agravada por la fragmentación del sistema de partidos y la hegemonía de movimientos regionales eventualmente mafiosos, que casi feudalizó al país, haciendo muy difícil llevar adelante políticas sectoriales y brindar servicios eficientes a la población.
Ante eso, el Gobierno ha optado por la política pragmática de intensificar y sistematizar reuniones con los gobernadores regionales y reforzar oficinas del MEF y la PCM de apoyo a capacidades. Es decir, en un esfuerzo organizado de coordinación y capacitación.
Está bien, pero hay que resolver los problemas de diseño. Hay ciertas funciones clave que deben volver al nivel central, instalar mecanismos de monitoreo, intervención y control, delimitar bien funciones entre niveles y restablecer un sistema de recertificación de capacidades.
También hay que incentivar la recaudación local, para que haya ciudadanos fiscalizadores y no pequeños reyezuelos clientelistas. Y algo fundamental es impulsar seriamente la reforma del servicio civil en los gobiernos subnacionales, para reemplazar la gestión patrimonialista por una meritocrática. Sin eso será difícil avanzar a un sistema de inversión pública eficiente que cierre brechas sociales y no personales.
Pero el Gobierno no ha priorizado hasta ahora la aplicación de la Ley de Servicio Civil, que es un componente fundamental de la reforma del Estado. No parece tener voluntad política para hacerlo. Ha dejado pasar sin mayor resistencia ni argumentación en el Congreso la aprobación de la ley que ordena pasar alrededor de 12 mil empleados CAS de Essalud a la Ley 728, otorgando mayores derechos sin exigir mayores obligaciones, en una entidad que sufre de un déficit presupuestal. Esos trabajadores debieron pasar al régimen de la Ley de Servicio Civil, que ofrece los mismos o mayores beneficios pero dentro de un esquema meritocrático de concursos para ingresar y de evaluaciones anuales para permanecer, previa definición de los puestos y perfiles que requiere la entidad en función de sus propios objetivos.
Un trabajo como ese de definición de objetivos y puestos en cada entidad, y realización de concursos y evaluaciones anuales, no es fácil de hacer y engendra resistencias internas. Por eso requiere voluntad política y compromiso de los ministros y de los partidos políticos en el Congreso. Alcanzar un Estado meritocrático y profesional demanda una gran determinación nacional. No es posible que el instrumento para lograrlo, la Ley de Servicio Civil, sea dejada de lado y abandonada a la primera de bastos cuando no han pasado ni tres años de su puesta en marcha, y que no seamos capaces de mantener un esfuerzo reformador un mínimo de tiempo.
Por eso, el Ejecutivo debe observar la ley de Essalud y persuadir a los congresistas de la necesidad de retomar el camino de la reforma meritocrática.
