Jaime de Althaus
El Comercio, 5 de setiembre del 2026
“Los despiadados asesinatos de Trujillo deberían ser el punto de inflexión para pasar a la ofensiva y eliminar estas organizaciones criminales”.
Las chapucerías que se produjeron alrededor de la captura y presentación de los cuatro supuestos implicados en el horrendo asesinato de Trujillo han generado un revuelo mediático al que se ha sumado el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, con críticas al desempeño de la Policía, pero por aplicar la ley que le devuelve la investigación preliminar a esa institución (con la conducción jurídica del Ministerio Publico). “[…] Ahora la ley que ha salido dice que la policía puede realizar la investigación preliminar y eso está siendo un problema grave, especialmente en este caso”, cuestionó. Es decir, el fiscal de la Nación aún no acepta dicha ley, pese a que fue validada por el Tribunal Constitucional luego de que el propio Ministerio Público presentara una demanda de inconstitucionalidad contra ella. Entonces seguir objetando esa ley ya es contumacia, o síndrome de Estocolmo con Delia Espinoza.
Y el problema es que no se puede luchar contra la criminalidad con éxito si existen desacatos de esa naturaleza que pueden llevar a graves desentendimientos entre las instituciones encargadas de la lucha contra la criminalidad.
Por eso dicho tema fue enfrentado por el comando contra la criminalidad presidido por la presidenta Fujimori que en su primera reunión convocó precisamente a Tomás Gálvez, quien expresó allí su posición. Entonces se conformó una mesa de trabajo entre la fiscalía y la Policía presidida por el ministro de Justicia para acordar unos protocolos de trabajo conjunto en la investigación preliminar. Según nos informó el ministro, esa mesa tuvo un acuerdo del 95%, y el restante 5% saldrá por decreto legislativo.
Pero todo indica que esa mesa no ha tenido mucho efecto en las apreciaciones de Gálvez. Lo único que le quedaría al gobierno es pulir diferencias en la acción, en la lucha contra el enemigo común. Eso implicaría institucionalizar ese comando unificado contra la criminalidad que se ha reunido ya cuatro veces, pero de manera, digamos, informal, y declararlo en sesión “permanente” hasta eliminar la amenaza de Los Pulpos y otras organizaciones en La Libertad. Afiatar la acción coordinada del Estado en esa batalla, como en un laboratorio. Bajo la conducción de la presidenta.
Los despiadados asesinatos de Trujillo deberían ser el punto de inflexión para pasar a la ofensiva y eliminar estas organizaciones criminales. Pero hay que atender el avance de las extorsiones en Lima y en otras regiones también, y la minería ilegal. Entonces lo que esto requiere es una reorganización general del Estado y del presupuesto nacional para atender esta prioridad absoluta, porque se requiere comprar tecnología, equipos y construir cárceles, a lo que se suman las demandas de mayor gasto por El Niño, la formalización de los mineros informales antes del 31 de diciembre y otras urgencias.
Y ni el pedido de facultades ni el proyecto de presupuesto nacional para el próximo año reflejan conciencia de que la gran amenaza nacional es la criminalidad organizada, que tiene que ser combatida con todos los recursos posibles cerrando organismos, programas y gastos inútiles o redundantes o postergando otros. Y, por supuesto, con una acción alineada y perfectamente coordinada entre las instituciones responsables de esta lucha, que aún no existe.
