Jaime de Althaus
El Comercio, 18 de julio del 2026
“La mejor manera de reconciliar al Perú es incluir a los excluidos en una formalidad abierta y en servicios públicos eficientes, que atiendan”.
El argumento de que liberar a Pedro Castillo despolarizaría el país, se sustenta en la creencia, avalada por el 54% de los peruanos según una encuesta, de que Pedro Castillo fue derrocado por los poderes limeños porque era un hombre del pueblo. Entonces excarcelarlo sería un acto de reparación que ayudaría a reconciliar el país.
Es posible que Jorge Nieto esté buscando disputarle a Roberto Sánchez la representación de ese amplio sector despojado. Pero lo primero que hay que notar es que al hacerlo cede a la narrativa de la izquierda de que a Castillo le dieron un golpe en lugar de explicar que fue él quien intentó dar un golpe de Estado, algo absolutamente condenable en una democracia.
Se dirá que en política lo que cuenta son las percepciones. Pero si estas se basan en hechos no reales, la obligación es aclarar la verdad. En un estado de derecho no cabe tomar decisiones sobre la base de posverdades. Salvo que se ponga en la balanza dos valores: el jurídico versus el político. Si se privilegia lo político, la salida es el indulto: el perdón. Pero el indulto no es posible porque Castillo no tiene condena firme. Tampoco cabe la excarcelación “buscando rutas” como propone Nieto, porque tiene sentencia con pena privativa de la libertad, algo que solo podría ser revocado por la segunda instancia.
Nieto sabe perfectamente que lo que propone no es factible, pero lo hace porque está haciendo política -buscando la audiencia de los que no votaron por él-, pero mala política, porque sabiendo que Keiko Fujimori no podría actuar como él le pide, la hace aparecer como negándose a remediar un agravio, agravando la brecha. En la práctica es un consejo para ahondar la brecha, no para reconciliar o despolarizar.
Pero puede enmendar. La mejor manera de reconciliar al Perú es incluir a los excluidos en una formalidad abierta y en servicios públicos eficientes, que atiendan. Un Estado que funcione, como ha dicho Keiko Fujimori. Ello implica llevar a cabo reformas profundas que desafían el statu quo y los intereses burocráticos, empresariales y políticos enquistados. Allí es entonces donde se necesitarán el apoyo congresal y las capacidades verbales tan pedagógicas y persuasivas del líder del partido del Buen Gobierno, para explicar a la población la naturaleza y conveniencia de los cambios, que van a necesitar del apoyo de la opinión pública.
La tarea es tan compleja que el gobierno puede sentirse tentado a no abordarla desde el principio, esperando condiciones que nunca se van a presentar. Los servicios públicos fallidos están en manos de los gobiernos regionales, que hace tiempo traicionaron su promesa inclusiva. Paradójicamente será Lima -la odiada, la “excluyente”- la que tendrá que acudir al rescate de las poblaciones introduciendo cambios que transformen los servicios y eliminen la corrupción.
Pero esto no va a ser fácil. Líderes como Nieto y otros deberían sumarse a la demanda de abrir la formalidad y reformar el Estado y los servicios para que el gobierno se anime a hacerlo y la resistencia sea dominada por la intensidad del reclamo. Salvo que no se quiera que la reconciliación se produzca.
