Jaime de Althaus
El Comercio, 9 de noviembre del 2024
Una limitación seria de la declaración del Consejo de Estado es que no acuerda establecer un mecanismo de coordinación permanente para realizar todos estos compromisos y dirigir la guerra contra la criminalidad.
El sábado pasado reclamamos la necesidad de que el Gobierno sincere públicamente qué es lo que falta en la lucha contra la criminalidad, cuánto cuesta y cómo se va a financiar, así como la necesidad de una suerte de gabinete de guerra en sesión permanente integrado por los titulares de las instituciones responsables en esa lucha, para alinear las acciones en una estrategia coordinada. Porque estamos perdiendo la guerra.
En ese sentido, el Gobierno convocó el martes pasado a una reunión del llamado Consejo de Estado, en el que participan los jefes de los poderes del Estado y otras instituciones. En la declaración que firmaron, se comprometieron a un trabajo conjunto y coordinado para reducir los índices de criminalidad a través de una estrategia común, brindar a nuestra Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas los elementos científicos, tecnológicos y logísticos para fortalecer la investigación y la inteligencia, reducir la provisionalidad de jueces y fiscales, establecer procedimientos sancionadores céleres y drásticos para apartar a miembros de la PNP, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y el Ministerio Público involucrados con el crimen organizado e incrementar la infraestructura penitenciaria con la colaboración de los gobiernos regionales y locales.
Esos son exactamente los problemas que hay que resolver. El Consejo de Estado los ha identificado bien. Pero hace falta entrar en el detalle (por ejemplo, qué elementos científicos, tecnológicos y logísticos se requiere para dar una batalla efectiva), cuantificar el costo (incluyendo las unidades de flagrancia y los penales), qué gastos o programas se van a recortar o eliminar para financiarlo y el plan para llevar esto a cabo. La Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso debería citar al presidente del Consejo de Ministros para que exponga dicho detalle. Y todo ello debe ser de conocimiento público para saber qué terreno estamos pisando.
Una limitación seria de la declaración del Consejo de Estado es que no acuerda establecer un mecanismo ejecutivo de coordinación permanente para realizar todos estos compromisos y dirigir la guerra contra la criminalidad. Es decir, una suerte de gabinete de guerra que, además, informe permanentemente a la opinión pública acerca de los avances y dificultades. Ni siquiera se acuerda una nueva reunión de dicho consejo. En suma, todo puede quedar en nada, en una reunión para la foto.
Algo que favorecería el éxito de ese mecanismo coordinador es la renovación que se ha producido de varios de los titulares de las instituciones relevantes, comenzando por Delia Espinoza en el Ministerio Público, que es una oportunidad para mejorar las relaciones con el Ejecutivo y el Ministerio del Interior. Pero también tenemos nuevas cabezas en la Junta Nacional de Justicia, en el Tribunal Constitucional y en la Contraloría General de la República. Personas que no se han visto envueltas en esta guerra entre instituciones que hemos tenido y que pueden estar deseosas de entrar en un esquema de colaboración ejecutiva efectivo. Pero, claro, aquí lo que hace falta es liderazgo para constituir este mecanismo y hacerlo funcionar bien. Es lo que todavía no tenemos.
