Jaime de Althaus
El Comercio, 7 de febrero del 2026
“La mejor manera de reducir la minería ilegal –y afirmar el estado de derecho– es formalizar”.
La región La Libertad es el epicentro de la criminalidad en el Perú porque allí se juntan las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión más antiguas, grandes y fuertes del Perú –Los Pulpos, La Jauría, etc.– que llegan a ejercer una gobernanza local en varios distritos de Trujillo, y una minería ilegal y criminal económicamente muy poderosa que lava, de paso, dinero del narcotráfico y compra autoridades, policías, fiscales, periodistas y políticos.
Hemos dicho que la criminalidad en el Perú es en parte consecuencia de una formalidad tan cara y asfixiante que expulsa a la gente a la informalidad, pero a una informalidad sobresaturada y de bajos ingresos que a su vez expulsa a los jóvenes a la delincuencia y la criminalidad. En Trujillo los que matan o ponen explosivos por 40 o 50 soles son menores de edad. 78 fueron intervenidos y detenidos recientemente, pero son inimputables penalmente. A la minería ilegal y criminal van jóvenes.
Coincidentemente un informe del INEI revela que el empleo ha mejorado apreciablemente en todas las categorías de edad salvo entre los jóvenes, donde aún está bastante por debajo del 2019. La pandemia hizo estragos en las capacidades de los estudiantes y una formalidad laboral costosa discrimina en contra de los jóvenes sin experiencia ni conocimientos. Pero no es que estén haciendo nada: un porcentaje pasa a las filas de la delincuencia. Ese trabajo no lo confiesan al encuestador.
Al estar cerrada la vía formal para crecer, solo queda la delincuencia como decíamos, o capturar los gobiernos subnacionales para asaltar el botín presupuestal, como vehículo de enriquecimiento y ascenso social. Por supuesto, parte de ese botín está en la administración del Reinfo, que no se fiscaliza, de modo que hay una connivencia entre mineros ilegales amparados por el Reinfo y funcionarios regionales.
Pero además hay complicidad nacional. El Ministerio de Energía y Minas ha abandonado el proceso de formalización y hay versiones de que cobran sumas importantes por expedir el ITS para comprar explosivos, por ejemplo. En el Congreso no se avanza una Ley Mape. Nadie quiere tocar el statu quo perverso.
En medio de este páramo oscuro, sin embargo, brilla una pequeña luz: en la Maestría en Gestión Minera de la Escuela de Postgrado Gerens se está elaborando una propuesta de ordenamiento y formalización de la minería en pequeña escala: contratos de explotación de cinco años como mínimo –para que pueda haber planificación y mejora de la operación– entre el concesionario y el pequeño minero, que sean exigidos obligatoriamente por las plantas de beneficio para poder procesar. El Estado entra como componedor y, de ser necesario, como árbitro, para lograr los contratos.
La mejor manera de reducir la minería ilegal –y afirmar el estado de derecho– es formalizar. Pero la formalidad tiene que ser asequible, sencilla.
Y para el combate mismo a las extorsiones y el sicariato la policía necesita tecnología para interceptar los WhatsApp y otros medios, geolocalizar, leer los contenidos de los celulares y centros de datos con inteligencia artificial. La criminalidad tiene tecnología que la policía no tiene. Es increíble.
