Por: Jaime de Althaus, periodista y antropólogo
El Comercio, 08 de junio de 2018
El gobierno invoca lo que podríamos llamar la “razón armoniosa” para justificar sus retrocesos sistemáticos en decisiones necesarias. Las medidas deben salir, pero sin confrontación, como producto del diálogo y la explicación. Eso las hará incluso más sostenibles, se argumenta. La “razón técnica” tendría que imponerse por sí misma. Es la confianza en la razón frente a la fuerza.
Está bien, pero hay que ser conscientes de los problemas. Uno es que con frecuencia quienes se oponen defienden su interés, no el interés común. Y si tienen fuerza, harán prevalecer su interés sobre la razón técnica. Es el caso de los transportistas y el ISC (y los peajes). El gobierno decidió dialogar para convencer, pero fue convencido por los transportistas. El MEF había subido el ISC al diésel, pero ellos consiguieron que les devuelvan el 53% de ese impuesto. Aumentó 39 centavos, ¡pero les devuelven 80! Resultado: ahora pagarán ¡menos! que antes. Esa tasa no se acordó con el MEF. Por eso renunció Tuesta.
La “razón armoniosa”, entonces, puede producir el resultado contrario al que se requiere. Para que funcione se necesita mucha capacidad técnica en el gobierno, convicciones claras y liderazgo. Todo lo contrario del miedo. Y, en otros casos, también se requiere capacidad de gestión multisectorial efectiva que el Estado no ha tenido.
Por ejemplo, la excusa para derogar los decretos que autorizaban la exploración petrolera en el zócalo fue que Perú-Petro no había realizado un proceso de “participación ciudadana” adecuado; es decir, no había dialogado ni convencido a los pescadores. Estos tienen otras demandas: desembarcaderos, seguridad, agua, etc. Y usan la negativa a los contratos como arma. Entonces Perú-Petro tiene que acercarse con Produce, con Vivienda y con el gobierno regional para resolver. Un Estado ágil y coordinado. Si lo conseguimos, será un gran avance, un resultado positivo de la política de la “razón armoniosa”. Pero ¿qué hacer si pese a ello consignas políticas bloquean el proceso?
Porque en ciertos casos quienes se oponen lo hacen por un interés propio económico-político-ideológico, inmune a la razón técnica o al bien común. Es lo que pasa en la minería, Tía María por ejemplo. Allí la “razón técnica” es clarísima: no hay afectación ambiental. Incluso la empresa ha logrado bajar la resistencia en el valle. Pero hasta ahora es el activismo antiminero el que triunfa. El gobierno ni siquiera lo intenta. Si instalara una mesa o algún mecanismo para aplicar la “razón armoniosa” y esta fracasara, ¿renunciaría a un proyecto necesario para todos?
El MEF recorta gastos en viáticos y cocteles. Está bien, pero el verdadero gasto nocivo está en la enorme burocracia generada por la hiperregulación y la multiplicación de entidades innecesarias. Un análisis de impacto regulatorio masivo a todas las normas para derogar las costosas, la digitalización de los procesos, los TUPA estandarizados y la eliminación de dependencias redundantes o innecesarias permitirían un recorte sustancial del gasto para financiar la función medular del Estado: la seguridad y la justicia. A la fiscalía ya se le acabó el presupuesto para los megaoperativos, por ejemplo.
¿Se podría aplicar la razón armoniosa en la necesaria reducción del personal excedentario?
