Por Jaime de Althaus, Periodista y Antropólogo
El Comercio, 16 de marzo de 2018
El presidente, para salvarse de la vacancia, y Fuerza Popular y el Apra, para defenderse de una alucinada cuestión de confianza o de acusaciones judiciales, han estado colaborando entusiastamente para dañar seriamente al país. La resolución legislativa que limita la facultad presidencial de disolver el Congreso no solo altera el equilibrio de poderes desde el reglamento del Congreso, que solo es para los congresistas, sino que se volverá contra las mismas Fuerza Popular o el Apra si llegan al gobierno en el 2021 y carecen de mayoría. Han dado una ley con nombre propio para cubrirse de una fantasmagórica amenaza actual sin ver el futuro, gobernadas por las pasiones del momento. Miopía absoluta.
Con esta norma, un eventual gobierno de Keiko Fujimori o de Alan García ni siquiera podría realizar un cambio de primer ministro para oxigenarse sin cambiar ¡a todo el Gabinete!
El asunto de la relación entre poderes es serio –lo estamos viendo– y amerita reformas, pero en el sentido contrario: que el presidente pueda disolver el Congreso a la primera y sin expresión de causa para buscar una nueva mayoría o nombrar como primer ministro al jefe de la mayoría opositora si esta gana las nuevas elecciones, o elegir al Congreso después de la segunda vuelta presidencial.
Lo mismo en relación a ley que impide la publicidad estatal en los medios privados. Ha sido dada por Fuerza Popular y el Apra para torpedear a este gobierno o a los propios medios, sin pensar que de acceder al gobierno en el 2021 carecerán de un instrumento fundamental para difundir políticas y movilizar a la población para conseguir objetivos nacionales que, de paso, contrarresten la tendencia natural de los medios y políticos a desprestigiar la gestión gubernamental. Miopía lindante con la oligofrenia.
Y acaso para ganarse al Poder Judicial, han decidido insistir en la ley de carrera del trabajador judicial, que fue observada por el Ejecutivo porque excluye a dichos trabajadores de la Ley del Servicio Civil, elimina toda meritocracia y sustrae a los jurisdiccionales del control de la OCMA. Un retroceso gigantesco que será irreversible. Ya lo habían cometido con Essalud y lo quieren extender ahora a los 500 mil CAS de la administración pública para ganarse votos, sin percatarse que de nada les servirán si, de llegar al poder en el 2021, descubren que no pueden gobernar con servidores públicos a los que no se les puede exigir nada ni menos remover.
¿Y el presidente? Con tal de buscar apoyo social para salvarse, no le ha importado que muchas pequeñas empresas puedan quebrar o que miles pierdan el trabajo o sus derechos laborales luego del incremento del salario mínimo que propugna en medio de una caída del empleo formal. Peor aun, ha remitido al Congreso un proyecto de ley para aumentar la frecuencia y, por tanto, bajar el nivel de exigencia del ingreso a la carrera magisterial, comprometiendo la calidad de la educación pública.
¿Qué quedará del país después de todo esto?
