Jaime de Althaus
El Comercio, 5 de octubre del 2024
El problema nuestro no es la poca gravedad de las penas, sino que no se captura a los delincuentes, y si se los captura se los libera, y si no se los libera no hay dónde encarcelarlos.
No se puede combatir el cáncer de las extorsiones y de la criminalidad con palos de ciego. Los estados de emergencia y la tipificación de varios delitos como terrorismo urbano son medidas populistas que se dan porque semejan esa mano dura que la población demanda. Pero son inútiles o desenfocan respecto de lo que debe hacerse: tomar la decisión política de concentrar recursos presupuestales en la policía y en el sistema judicial-penal eliminando o reduciendo el gasto en proyectos, programas y actividades innecesarios que los hay a montones en el Estado. Desde Hobbes, la razón de ser del Estado es la protección de la vida y la propiedad de los ciudadanos. Todo lo demás es secundario.
El problema nuestro no es la poca gravedad de las penas, sino que no se captura a los delincuentes, y si se los captura se los libera, y si no se los libera no hay dónde encarcelarlos. En el caso de las extorsiones, se acaba de publicar el Decreto Legislativo 1688 que obliga a los operadores de telefonía a bloquear las líneas que salen de los penales, que falta reglamentar. Pero la policía está pidiendo además que se pueda bloquear, geolocalizar y levantar el secreto de las comunicaciones de los celulares denunciados por extorsión de manera inmediata, sin esperar la orden de juez, informándole. Lo mismo con las cuentas asociadas al Yape.
Pero eso tampoco serviría si las víctimas no denuncian las extorsiones. Para ello ya está disponible la línea 111, que garantiza el anonimato. En el supuesto de que las denuncias se hagan y se capture a extorsionadores y a otros delincuentes, el problema es que el sistema los libera de manera inmediata o al cabo de la prisión preventiva. El sistema no castiga. Y, cuando castiga, solo el 12% recibe cárcel efectiva; el 88% recibe pena privativa de la libertad condicional o multas. Quienes tienen pena menor a cinco o cuatro años no van a la cárcel porque no hay penales para delitos menores. Lo mismo que nada. Y las cárceles normales están sobresaturadas.
La devolución de la investigación preliminar a la policía ayudará a recabar mejores pruebas a tiempo, pero se necesita mejorar protocolos con la fiscalía y flexibilizar el garantismo del Código Procesal Penal mientras no haya suficientes laboratorios. Es urgente generalizar las unidades de flagrancia, donde se juntan policías, fiscales, jueces, un pequeño laboratorio y una carceleta. Muchos extorsionadores podrían ser juzgados en 72 horas en ellas. Implementarlas en todo el país costaría S/1.800 millones, muchísimo menos que lo que se quiere gastar en comprar aviones de guerra. Pero habría que construir también pequeñas cárceles para delitos menores, para aplicar penas efectivas de semanas o meses, para terminar con la impunidad.
Todo el sistema judicial está atorado. La carga acumulada pendiente es de 3′609.842 procesos. Se requiere mejorar el nivel de los magistrados, simplificar los códigos procesales y generalizar el expediente judicial electrónico y la oralidad, que reducen tiempos.
El Gobierno tiene que incorporar orgánicamente a los gremios empresariales y laborales, para vigilar y sumar esfuerzos inteligentes. Ahora.
