Jaime de Althaus
El anuncio de la empresa Cobra, concesionaria del proyecto Majes Siguas, de que se retira del Perú por incumplimientos del Estado peruano que duran años y por la negativa del gobierno regional de Arequipa a transferir la gestión del proyecto al ministerio de Agricultura, es un durísimo golpe a la recuperación económica del país y a la creciente percepción internacional de que el peruano es un Estado cuasi fallido que no solo no es capaz de sacar adelante proyectos mineros clave sino que ni siquiera puede viabilizar un proyecto de irrigación que carece de resistencia social.
El Perú simplemente no puede darse el lujo de tamaña indolencia. En momentos de aguda necesidad económica no se puede echar por la borda 650 millones de dólares de inversión directa, 1,500 millones en preparación de las tierras por los compradores, 38,500 hectáreas nuevas con riego tecnificado, más de 1,000 millones de dólares anuales en agroexportaciones, 1,000 millones en proyectos eléctricos, 100 mil empleos directos y 40 mil indirectos, según información de Leonie Roca.
Se ha perdido el gobierno unitario establecido en la Constitución. No es posible que el gobierno central sea tan débil que no pueda resolver el problema o no pueda tomar el control del proyecto. Se requiere firmar una adenda que supone 100 millones de dólares más para pasar al riego tecnificado, pero el gobierno regional del inefable Cáceres Llica Majes no quiere riego tecnificado, no quiere parcelas medianas o grandes sino de 5 hectáreas –con lo cual el proyecto deja de ser rentable- porque hay que priorizar el “enfoque social”, no quiere que las ventas estén a cargo de Proinversión sino del gobierno regional –de Autodema, que es la caja chica del GORE-, porque las tierras deben ser prioritariamente para los arequipeños. «Este es un proyecto de Arequipa para los Arequipeños», afirman.
Pero eso no es así. Es un proyecto del Perú porque es cofinanciado por todos los peruanos, no por los arequipeños. Es un proyecto de dimensión nacional. Le interesa al Perú que se haga. Y más aún ahora.
Y el problema es que el presidente Vizcarra sólo es capaz de reunirse con Cáceres Llica para bloquear Tía María, pero no para destrabar proyectos que necesitamos con urgencia luego de que sus políticas de cierre de la economía nos llevaron a la caída más profunda del globo. Debería ir a Arequipa y declararse en huelga de hambre si es necesario para rescatar el proyecto. Sería una manera de rescatarse a sí mismo de paso.
O cuando menos debería aprovechar las conversaciones con el Congreso para acordar una ley que remita el proyecto al Minagri. Claro, allí también nos tropezamos con un Congreso “que no les es favorable”, algo de lo que increíblemente se preció anteayer al explicar que no había disuelto el Congreso para controlar las instituciones. No solo no las controla. No gobierna. Es más, crea las condiciones para la ingobernabilidad.
O quizá el Congreso pueda tomar la iniciativa para la mencionada ley. Algunas bancadas habrán interesadas en el país, en la recuperación económica, en que un proyecto tan importante para el desarrollo nacional como ese se lleve adelante. Alguien tiene que liderar.
