Por Jaime de Althaus, analista político
El Comercio, 01 de enero de 2022
Si el presidente Castillo pensara por un segundo en el pueblo, conformaría un Gabinete más independiente y profesional, y promulgaría la ley que confirma que no se puede convocar a un referéndum para modificar la Constitución sin pasar antes por el Congreso, tal como lo establece el artículo 206 de la Carta Magna. Sería una manera de decir que la asamblea constituyente ya no va. Despejada la incertidumbre, el país podría aprovechar los formidables vientos de cola de los precios de los minerales para crecer este 2022 a 6% o 7%, tal como ha señalado Moody´s que podría ocurrir si las señales son claras. El dólar bajaría, los precios también, y habría mucho más empleo y mejores ingresos para la mayor parte de los peruanos.
Ese es el feliz y próspero Año Nuevo que necesitamos. De lo contrario, si persiste con alguna variante de la misma configuración ministerial actual o, peor aún, si Perú Libre vuelve a tomar el mando del Gabinete, la inversión privada, en lugar de reactivarse, caerá en 9% y la economía solo crecerá 1,9%, como pronostica el IPE. Con ello, la pobreza volverá a aumentar, luego de haberse reducido en el 2021. De hecho, según el INEI, los ingresos ya están cayendo nuevamente luego de haber estado recuperándose después de las duras cuarentenas.
No será un gobierno para el pueblo, sino contra el pueblo y para los amigos políticos del presidente. Y con la posibilidad de que en cualquier momento aparezca la evidencia incriminatoria que haga inevitable la vacancia o la renuncia. La pregunta allí es ¿qué viene después? Si se suprimiera la incertidumbre mayor, sin duda crecería la inversión privada en lo inmediato, pero tarde o temprano habrá que hacer las reformas necesarias si queremos que el país sea viable en el mediano y largo plazo.
Y el problema es que ya desde hace algunos años venimos andando en la dirección contraria a las reformas. Este gobierno no ha hecho sino acelerar el paso en la dirección equivocada. Porque el modelo económico había logrado reducir sustancialmente la pobreza e incluso, en alguna medida, la desigualdad, y había generado una nueva clase media emergente, pero no resolvió el problema de la informalidad ni el de unos servicios públicos deficientes (aunque haya logrado aumentar su presupuesto y cobertura). Tenemos un Estado excluyente en lo legal y en lo social. Y el propio crecimiento se volvió más lento. Se requería entonces introducir meritocracia y gestión por resultados en el Estado y simplificar radicalmente regulaciones y trámites para facilitar los emprendimientos y la formalización. Repotenciar el modelo mediante un Estado inclusivo, facilitador y eficiente.
Pero hemos ido, repetimos, en la dirección contraria. Desde el Congreso anterior se vienen aprobando leyes que eliminan la meritocracia, encarecen la producción y rompen el equilibrio fiscal. Este gobierno ha acentuado el costo de la formalidad laboral, ha consolidado el fin de la meritocracia y ha favorecido el ataque a la minería. Ya desde el Congreso transitorio anterior se había desatado una impúdica carrera populista y clientelista por el asalto a las fuentes de riqueza creadas por el modelo: los fondos acumulados en las AFP y en la ONP, el sistema financiero, el presupuesto nacional, la obra pública, el empleo público y privado, la agroexportación, las minas. Políticos, activistas, partidos, gremios y sindicatos se apresuran a apoderarse de alguna renta o beneficio a costa del conjunto. La asamblea constituyente era la apropiación total del Estado.
La mayor parte de los partidos han dejado de ser programáticos y se han vuelto vehículos de intereses particulares, eventualmente ilegales, que buscan privilegios rentistas o protección legal. La reforma política necesaria para cambiar esta situación tendría que ser aprobada por esos mismos partidos. Podemos imaginar el resultado. Necesitamos un nuevo liderazgo. Dios nos ilumine.
