Gran noticia la decisión de no comprar Repsol. Pero para que la historia no se repita hay que fijar bien los hechos y señalar los mitos.
Es un mito que el modelo económico aplicado a partir de los 90 haya reducido el Estado a su mínima expresión. Es al revés. El Estado se redujo a su mínima expresión hacia fines de los 80, como resultado del estatismo populista estéril e inflacionario, que deprimió los ingresos del Estado a niveles anárquicos.
Los ingresos del Gobierno Central en 1989 fueron 8% del PBI. El año pasado superaron el 16%. Y si agregamos los ingresos de los gobiernos regionales y locales, mucho mayores que antes, llegamos ahora al 21% del PBI. Por eso, otro mito es decir que la privatización comenzó en los 90. Comenzó en los 80, pero con la diferencia de que lo que se privatizó en esa década fueron las tareas medulares del Estado, las que tienen que ver con su razón de ser.
Por ejemplo, la salud pública: se crearon clínicas privadas en los hospitales. O el parchado de las carreteras, hecho por informales. O la seguridad: los policías pasaron a ser contratados por empresas privadas en sus días de franco, lo que dura hasta hoy.
El Estado colapsó. A fines de los 80, parecía que el Perú hubiese sido asolado por una guerra. Por el contrario, a partir de los 90 se reconstruye el Estado, una tarea todavía incompleta en cobertura y, sobre todo, en calidad.
Hubo que comenzar casi de cero: reconstruir la Panamericana y la Carreta Central, rehabilitar las postas médicas abandonadas, construir colegios, empezar a pagar algo mejor a los maestros, etc.
El Estado actual es claramente mejor que el anterior en todo lo que tiene que ver con la regulación y la administración económica, y la recaudación tributaria. En eso se ha modernizado y despatrimonializado. Falta que lo haga en algunos sectores y en los gobiernos subnacionales.
La carrera magisterial, la próxima ley de servicio civil, el presupuesto por resultados, son pasos que aún deben darse en esa dirección.
Pese a todo, ahora el Estado es más grande y más fuerte que en los 70 y 80. Y menos capturable por grupos que busquen privilegios o ventajas (arancelarias, tributarias, crediticias, etc.).
Lo que se redujo a partir de los 90 fue lo que nunca debió estar en manos del Estado: su sector empresarial, inflacionario y corrupto.
Las privatizaciones redujeron el tamaño del sector empresarial del Estado (su gasto) de alrededor del 26% del PBI a un 5.7% del PBI a partir de 1997 en adelante. Es precisamente esa reducción, que el presidente estima excesiva, lo que ha permitido que esas empresas –ya en manos privadas– no sean deficitarias (perdían 1,5% del PBI cada año) y, por lo tanto, no generen inflación sino que más bien crezcan y paguen impuestos para que el Estado en sus funciones propias pueda ser más fuerte.
Aún hace falta privatizar más, para mejorar los servicios y seguir fortaleciendo el Estado. El principio constitucional de la subsidiariedad es sabio, y no se respeta. Pues la sola existencia de Petro–Perú es anticonstitucional.
Tomado de El Comercio, 3 de mayo, 2013
