Por: Jaime De Althaus
El Comercio, 13 de marzo de 2020
El Comercio, 13 de marzo de 2020
La causa nacional de la lucha anticorrupción se ha convertido en una poderosa arma de doble filo. De un lado, tiene el potencial de producir un gran cambio cultural en el Estado peruano, si es que sirve para que este se transforme en una estructura mucho más transparente, simple, facilitadora y meritocrática que cierre espacios a la corrupción, y para que se pueda realizar una reforma profunda del sistema judicial. Pero nada de esto es automático ni existe una relación causa-efecto entre los procesos anticorrupción y los mencionados saltos estructurales que garantice que el carácter ejemplarizador de los encarcelamientos a líderes políticos, altos exfuncionarios y empresarios tenga un efecto permanente y no sea solo fugaz impulso justiciero.
De otro lado, lo que sí han producido estos procesos anticorrupción ha sido la destrucción de parte importante de la clase política –que ya era muy débil–, en algunos casos con justicia porque se trató de sobornos indignantes, pero en otros casos criminalizando conductas indebidas pero no delictivas, obedeciendo a dictados plebiscitarios.
Que esta demolición abra paso al nacimiento de una nueva clase política de superior calidad –en lugar de disuadir a los mejores de ingresar a los partidos– depende de una reforma política que parece empantanarse y que desde ya deja de favorecer esa renovación cuando impide la participación transparente de las empresas en el financiamiento de los partidos o de ‘think tanks’ dentro de ellos.
El efecto inhibidor se ha manifestado con claridad en la administración pública, donde el terror impide a los funcionarios tomar decisiones y tiende a alejar a los mejores profesionales. El abuso que se está cometiendo con el exministro de Economía Luis Miguel Castilla, por ejemplo, puede tener efectos letales en la capacidad de reclutar ministros y funcionarios de altas calificaciones profesionales y ética, algo de lo que ya es víctima el propio gobierno de Martín Vizcarra.
Castilla ni siquiera ha sido mencionado por Barata pero hay un aspirante a colaborador eficaz que afirma que el exministro digitó desde su posición como presidente del Consejo Directivo de Pro Inversión la adjudicación del gasoducto a Odebrecht, a pedido de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Su única “prueba” es la posición de Castilla y su cercanía a la pareja presidencial. Una simple suposición que le basta a la fiscal Mori para pedir ¡36 meses de prisión preventiva!, sin tomar en cuenta que Castilla jamás se reunió con Barata y Nadine; que el Consejo Directivo solo aprueba las bases preparadas por un comité que es nombrado por el sector (Energía y Minas en este caso); que es el comité quien adjudica y quien descalificó a uno de los postores, decisión que ha sido validada por el Poder Judicial en segunda instancia. Que los cambios de fecha se realizaron a pedido de los competidores de Odebrecht, y que el propio comité rechazó el pedido de los brasileños de incluir como factor de competencia acabar la obra más rápido, pues ellos tenían la ventaja de contar con el EIA del proyecto Kuntur…
El atropello a Castilla, que ya perdió su puesto en el BID, es monumental. No es así como vamos a limpiar el país de corruptos, sino lo contrario.
