Jaime de Althaus
El Comercio, 22 de agosto del 2026
“El informe no reconoce que Fujimori hizo lo que desde esa orilla y desde la propia CVR siempre se reclamó: que hubiese una conducción política de la lucha contra la subversión”.
Martín Tanaka cita párrafos del informe de la Comisión de la Verdad que demostrarían que las versiones que hay sobre dicho informe son prejuicios equivocados. Por ejemplo, que la CVR encuentra “la más grave responsabilidad en […] la dirección del PCP-SL por el conflicto […] por su política de genocidio […]”. Es verdad. Pero el informe no destaca lo suficiente que esa política fue consecuencia de la ideología marxista-leninista-maoísta que entroniza la lucha de clases y la violencia como motor de la historia y obliga a la lucha armada para instaurar la dictadura del proletariado. El motor de la muerte fue una ideología.
De alguna manera lo reconoce, sin embargo, cuando señala que los partidos de izquierda no hicieron el deslinde ideológico suficiente frente a Sendero, y tuvieron una posición ambigua frente a él. Pero no aclara que no podían hacer el deslinde porque compartían la misma ideología. Su única diferencia era de oportunidad: no era el momento para iniciar la lucha armada.
Tampoco extrae las consecuencias de esa ambigüedad: que confundió a la población respecto de cuál era el enemigo y retrasó la definición de una estrategia de alianza del Estado con la población, lo que a su vez propició una respuesta cruenta, una profecía autocumplida.
El informe debió servir para hacer conciencia nacional de que el marxismo-leninismo es una ideología de muerte. Esa era la gran lección.
Tanaka cita: “En agosto de 1989, las Fuerzas Armadas aprobaron [una nueva estrategia que […] tenía como objetivo] […] ganar a la población […] y la masificación de los comités de autodefensa, que cambiaron las relaciones entre las Fuerzas Armadas y el campesinado”. Pero la CVR no reconoce que quien aplicó y lideró esa estrategia en el campo fue Alberto Fujimori, que entregó personalmente armas y apoyo cívico a las comunidades.
Es decir, el informe no reconoce que Fujimori hizo lo que desde esa orilla y desde la propia CVR siempre se reclamó: que hubiese una conducción política de la lucha contra la subversión. En efecto, la propia CVR apunta acertadamente que “los gobiernos […] procedieron a dar una respuesta fundamentalmente militar […]”, y señala “la abdicación de la autoridad civil en la conducción de la respuesta estatal contrasubversiva” (p.55). Pero no reconoce explícitamente que a partir de 1990 la autoridad civil, el presidente, asumió el rol conductor de una estrategia que tenía dos líneas: alianza con las comunidades y reforzamiento de la inteligencia policial. Esa estrategia acabó con la gran fábrica de violación de derechos humanos que era Sendero Luminoso.
La Dincote, que era artesanal, recibió recursos y la supervisión del propio presidente. Sin embargo, el informe presenta las capturas de altos líderes subversivos casi como algo que habría sorprendido al propio gobierno, que más bien fue responsable de “asesinatos selectivos”.
Pero lo que derrotó a Sendero no fue el Grupo Colina, sino la mencionada estrategia. No obstante, la demonización de Fujimori como violador de derechos humanos –en lugar de haberlo procesado por violar la Constitución– ha impedido que el país capitalice para el orgullo nacional la excelencia de una estrategia inteligente que no tiene parangón en América Latina y que permitió acabar con el grupo terrorista más cruel y organizado de la región.
