(El Comercio, 04 de setiembre de 2015)
El periodista indica que hay una gran cantidad de proyectos de frustrados por irresponsabilidades de varios actores sociales
“Chapa tu choro” no es muy diferente de “chapa tu lote”. Así como la gente hace justicia por propia mano ante la inoperancia de la policía y el sistema judicial, así también la población, secundada por el Congreso, es la que ahora asigna los lotes petroleros ante la incapacidad del Estado Peruano de hacerlo. Podemos imaginar el destino de una economía en la que los derechos de producción y de propiedad son otorgados directamente por el pueblo en asonadas incendiarias. ¿Quién invertirá en esas condiciones?
Para comenzar, se suprime la licitación, que es el instrumento creado para garantizar el mejor interés nacional o regional. La “sociedad civil” de Loreto asigna a dedo el 192 a Petro-Perú porque considera por sí y ante sí que es la mejor opción, una empresa que hace 25 años no opera pozos y que sin técnicos ni recursos es lanzada de cabeza al lote más difícil y más costoso.
La licitación es reemplazada por el mito de la empresa pública, esa que es nuestra, nacional, que seguramente nos cuidará mejor y a la que, en todo caso, tendremos más acceso para colocar o conseguir empleos y venderle bienes o servicios. Para asaltarla en última instancia.
Es que no es solo romanticismo popular. El tótem de la empresa estatal o de la soberanía nacional ha sido por lo general la gran coartada de los corruptos o los incompetentes. Allí donde gobernó el mito de la soberanía nacional, el Estado terminó perdiendo toda soberanía en manos de intereses depredadores. Por la sencilla razón de que no hay dueño que cuide el capital. Es lo que vemos en Venezuela y en Brasil, y lo que vimos nosotros mismos con la corrupción y el megadesfalco de las empresas públicas en los años setenta y ochenta (Petro-Perú la principal de ellas), y lo que ocurre ahora en las ineficientes empresas municipales de saneamiento, por ejemplo, saqueadas desde dentro.
Es lo contrario: el Estado recupera soberanía cuando es capaz de contratar el servicio a empresas privadas a cambio de resultados fiscalizables que deben ser alcanzados so pena de perder el contrato.
Pero no le echemos la culpa solo al estatismo ingenuo y no tan ingenuo del Frente Patriótico de Loreto y a la penosa e impúdica debilidad electorera de nuestros dirigentes políticos. Hay que acusar al gobierno por su grave incapacidad de gestión. En el caso del lote 192 los grandes responsables han sido Perú-Petro y el Ministerio de Energía y Minas que no lo licitaron hace dos años sino a último momento y poniendo unas regalías imposibles con los precios actuales. Pero no es ese el único caso: poco antes se cayeron la venta de la refinería de La Oroya, el Dakar y Tía María, y más atrás Conga y otros proyectos mineros en Cajamarca. Y de las asociaciones público-privadas que sí firmaron contrato, muchas no logran comenzar o avanzan muy lentamente. La cantidad de proyectos que se frustran es desalentadora, en un momento en el que urgimos de la inyección de buenas noticias. Ha sido un quinquenio casi perdido y el resultado será un futuro pobre despoblado de nuevos proyectos mineros y petroleros.
