Jaime de Althaus, Antropólogo y periodista
El Comercio, 23 de diciembre de 2016
La ronda de conversaciones del presidente Kuczynski con líderes de la oposición tiene que desembocar en un proceso que produzca al final un resultado. Y ese resultado no puede ser otro, a mi juicio, que un acuerdo en torno a un conjunto pequeño de grandes objetivos y las reformas requeridas para alcanzarlos, a fin de llegar al bicentenario convertidos en un país moderno, justo y en crecimiento acelerado.
Lo primero, entonces, es ponerse de acuerdo en qué grandes objetivos buscamos llegar al 2021: por ejemplo, reconstruir un sistema de partidos y de representación (aunque esto vaya más allá del 2021), mejorar las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, construir un Estado meritocrático y transparente, reducir la delincuencia común y el crimen organizado e implantar el imperio de la ley, prevenir los conflictos sociales, formalizar la economía y el trabajo, agua para todos, educación y salud de calidad. Una vez acordados los grandes objetivos, la discusión se ordena fácilmente: qué reformas, políticas y leyes hay que aprobar para alcanzar esos objetivos.
El presidente del Consejo de Ministros ha preferido una entrada por temas y no por objetivos, aunque cada tema tiene un objetivo implícito. Ha planteado tres: lucha anticorrupción (se propondrán las 100 medidas sugeridas por la Comisión Presidencial de Integridad), seguridad ciudadana y formalización. Insisto en que la entrada por objetivos permitiría centrar mejor la discusión e identificar las reformas difíciles que requieren, precisamente por eso, acuerdo político, sea porque exigen voluntad política y firmeza (no solo del gobierno) para ejecutarse –porque pueden encontrar resistencias–, sea porque demandan un esfuerzo especial para encontrar la solución o para desarrollar la voluntad misma de buscarla, pues se trata de temas complejos o políticamente sensibles.
En el primer caso caben decisiones claves para reducir la delincuencia, tales como la depuración de la policía y de las instituciones judiciales o la propia reforma judicial (que no depende solo del Poder Judicial), por ejemplo, y la implantación de la reforma meritocrática del servicio civil en todas las instituciones y niveles del Estado, o la reforma de las empresas de agua. En el segundo caso, mezclado con el primero, tenemos asuntos estratégicos como la institucionalidad necesaria para prevenir los conflictos sociales y viabilizar la inversión minera, o las reformas para conseguir una legislación laboral más inclusiva, que facilite la generación de empleo formal con derechos.
Una metodología alternativa sería concordar las reformas necesarias para ingresar a la OCDE. Quizá este camino sea el más práctico.
El Gobierno ha decidido que el marco para esta discusión es el Acuerdo Nacional y ha convocado una primera reunión para este martes 27. Nótese que en el foro del Acuerdo Nacional participan no solo los partidos políticos, sino también la llamada sociedad civil (gremios, iglesias, profesionales y, aunque parezca increíble, hasta la ¡Coordinadora Nacional de Frentes Regionales! Quizá un foro como este permita hablar con más claridad.
