Iván Arenas
El Comercio, 10 de febrero del 2026
“Es difícil estimar su peso”, señaló Julio Velarde, hombre clave de la economía política nacional, en referencia al impacto de la minería ilegal en la economía. Aunque hay un sector en el sur peruano que tiene una visión “anti-Lima”, la fortaleza del sol peruano sobre el peso boliviano –para poner un ejemplo– tiene a Velarde como padre. Mucho comerciante puneño se ha hecho un poco más rico. En alguna columna pasada deslicé que si los historiadores económicos son justos, mañana más tarde hablarán del “ciclo Velarde”.
Aunque el peso económico de la ilegalidad en minería aún no tenga detalles finos, de acuerdo con un informe del Instituto Peruano de Economía, solo el oro ilegal representa alrededor de US$12.000 millones. Estamos entonces ante una industria, una larga cadena productiva que tiene productores, compradores, financistas, transporte, etc. A estas alturas, nadie con dos dedos de frente debería dudar de que una parte de semejante dineral fluye hacia la política en todos los niveles.
Pero el problema de la minería ilegal no es solo un problema económico, de seguridad o político, sino también un problema moral y social que corroe la unidad de la nación y la democracia. Una industria ilegal e informal como la aurífera –que representa más de US$12.000 millones– no puede funcionar sin la permisividad o anuencia tanto de la economía legal como de la corrupción en diversas instituciones e instancias del gobierno. Como tampoco puede funcionar sin la laxitud de la sociedad en su conjunto. Para decirlo de otra manera: no cabe la denuncia o la indignación contra la ilegalidad o la informalidad en la minería (y todas las externalidades negativas que produce) si a la vez se hacen negocios o se está tomando un trago en una playa al sur de Lima con quien es sospechoso de camuflar producción ilegal manchada con sangre.
Hay millonarias campañas de comunicación de algunas plantas de procesamiento, para continuar en ese mismo sentido, en las que se sostiene que cumplen con todos los estándares de trazabilidad de producción y que les compran a mineros con Reinfo vigente (que es como un carnet que les da garantías legales para vender su producción). Pero lo que no dicen estas campañas de algunas de las plantas de procesamiento es que no tienen cómo probar que esa producción del minero con Reinfo vigente no haya sido camuflada con producción ilegal robada o extraída en concesiones de terceros. Valgan verdades, tampoco es que les interese mucho averiguarlo. Es cierto que no todos los mineros con Reinfo vigente se dedican a camuflar oro ilegal, ¡pero el 90% de inscripciones en el Reinfo están en concesiones ajenas y sin contratos de explotación!
En las últimas semanas se han realizado innumerables esfuerzos por parte de los gremios mineros y de otras asociaciones adyacentes, a través de campañas de medios y de información, para poner en relieve y en agenda el riesgo de la ilegalidad en minería, la criminalidad y el acercamiento político en plenas elecciones. Pero estos esfuerzos pueden difuminarse si es que la sociedad por entero se hace la ciega, sorda y muda frente a un problema que va a definir el futuro de la nación y la democracia. ¿Qué más podrían hacer los gremios y asociaciones mineras si la sociedad acepta hacer negocios o tomarse un trago con quien tiene vínculos con la ilegalidad en minería? El problema, entonces, no es solo que exista la ilegalidad en minería, sino además que se acepte en voz baja.
Para combatir la ilegalidad en minería debemos ser absolutamente francos. Es cierto también que el oro no es cocaína, como tan cierto es que no hay un veto brutal contra los nuevos emprendedores mineros siempre y cuando cumplan con la ley y el derecho. La minería peruana es democrática en su legislación; no hay nada más común que un recurso que le pertenece a la nación por entero. “Quedarse ciegos, sordos y mudos no es la solución”.
