Iván Arenas
Perú21, 21 de febrero del 2025
“La influencia y el poder de las economías ilegales (…) es tanta que sus hilos han llegado hasta la más alta magistratura”.
A estas alturas del partido ya no existen dudas de que la minería ilegal —e informal— se ha introducido tanto en la política como en la sociedad al punto de ser determinantes con respecto a varias decisiones gubernamentales. El Perú es un país de tres sistemas: el formal, el informal y el ilegal. En el país de hoy mandan las economías criminales y también las informales.
No se puede entender el cambalache de la gobernabilidad, las decisiones del Congreso o del Ejecutivo sin el poder inmenso de las economías informales e ilegales. Por ejemplo, la decisión de ampliar el Reinfo (instrumento que informaliza en lugar de formalizar) en reiteradas ocasiones se debe también a la muy bien armada defensa política, cabildeo y campañas de propaganda y comunicación que se despliegan para “ajustar” las decisiones en el Ejecutivo como en el Congreso.
No obstante, quizá vale hacer un sano “disclaimer”, como se suele decir ahora. Es cierto que no todo minero informal es ilegal (como el oro no es cocaína), pero es cierto también que la informalidad es —a veces— el inicio del viaje a la ilegalidad que se perpetúa con la anuencia del propio Estado. Para poner otro ejemplo, hoy, a través de una ley, se quiere hacer del Reinfo (un acto administrativo) una herramienta hereditaria a pesar de no ser ningún título de propiedad/concesión. ¿Cómo se llama eso?
Ahora bien, la influencia y el poder de las economías ilegales —en este caso de la minería ilegal— es tanta que sus hilos han llegado hasta la más alta magistratura, ya sea como asesores de la PCM, funcionarios de primera línea o en el propio Ministerio de Energía y Minas como antiguos responsables de llevar adelante políticas de formalización.
Si bien es un lugar común decir que todas las elecciones presidenciales siempre son decisivas, la del 2026 sí que representa cruzar o no el Rubicón. Así, es más que seguro que la minería ilegal ejecutará la famosa estrategia del “entrismo” y logrará copar más de un partido de los 40 ya inscritos si es que no hacemos algo, y ese algo implica acciones y no palabras.
El pacto o acuerdo, o como se llame, tiene que enfocarse en primer lugar en evitar que la minería ilegal campee y mande como hasta ahora lo hace en varios partidos “realmente existentes” en el escenario actual. En Bolivia, ejemplo de lo que no se debe hacer, las economías ilegales, bajo el paraguas de cooperativas, lograron colocar hasta el sol de hoy a un ministro de Energía y Minas que hace de “patente de corso”. El narcotráfico, como la minería ilegal, pusieron hombres claves en los puestos de gobierno. Pacto o acuerdo nacional, el tema es ahora.
