Iván Arenas
El Comercio, 30 de junio del 2026
«¿Qué hará el nuevo gobierno con el problema de Reinfo?»
Cela decía: “Quien resiste, gana”. Keiko Fujimori resistió y ganó. Observen bien el momento político y sobre todo quédense con las ‘sensaciones’ y silencios. El establishment y el antiestablishment, salvo un puñado en la izquierda, se empieza a acostumbrar a la victoria y a llamar a Keiko presidenta, algo impensado meses atrás, y ven un revanchismo absurdo en Roberto Sánchez.
Seamos honestos, hoy para la Keiko presidenta todo es prioridad, pero debe organizar una lista de ‘prioridades reales’, digamos; sobre todo en el sector minero y sus ‘compartimentos estancos’: la minería informal y la ilegalidad y criminalidad en la minería. Miren estos datos para entender mejor el complejo mundo minero: en el 2025, las exportaciones de la minería formal y moderna superaron los US$62.000 millones; en la minería ilegal fueron más de US$12.000 millones.
Ahora vayamos a lo nuestro. Una primera prioridad es la minería ilegal, problema transversal y pluriofensivo según las leyes y origen de una parte de la criminalidad. En enero, el Congreso promulgó el Decreto Legislativo 1695, ‘arma penal’ que reconoce a la minería ilegal como parte del crimen organizado, incrementa las penas y amplía el tipo penal a otras partes de la ‘cadena’: procesamiento, beneficio, transporte y tráfico ilícito de minerales. Surgen problemas. No hay presupuesto, tampoco se han elaborado metodologías fiscales y judiciales para la trazabilidad. Adicionalmente, hay una ‘debilidad institucional’: hay mucha corrupción que implica a malos jueces y fiscales como a policías y militares. Días atrás capturaron al jefe de inteligencia del Comando Unificado de Pataz. La convergencia entre corrupción, falta de presupuesto y oportunidad.
La segunda ‘prioridad minera’ será proponer una formalización realista, basada en evidencias lejos de las cuotas ideológicas, narrativas y políticas que se desarrollaron en los últimos años. El Reinfo es el centro de la informalidad y origen –muchas veces– de la ilegalidad, y tiene defensores ‘afuera’ y ‘adentro’. ‘Afuera’ están las organizaciones de mineros informales o en vías de formalización, para no herir sensibilidades, que han logrado –entre los suyos– construir un relato poderoso pero que cubre el problema. ¿Cómo una persona con hasta 20 inscripciones del Reinfo se reclama ‘minero artesanal’? ¿Cómo aseguran ser ‘ancestrales’ y acusan que hay acaparamiento?
‘Adentro’, es decir, en el intestino estatal; en el Congreso que termina estuvo Diana Gonzales, una muralla contra el Reinfo en la Comisión de Energía y Minas. ¿Quiénes serán las próximas ‘Diana Gonzales’ en las cámaras de senadores y diputados? Miren quiénes serán los senadores y diputados que defenderán lo indefendible: Víctor Cutipa, Jaime Quito, Ruth Luque o Jesús Pérez, este último representante del poderoso y adinerado gremio informal de Apurímac, protector de los intereses de ilegales en Pamputa.
¿Qué hará el nuevo gobierno con el problema del Reinfo? Aquí debemos que ser muy cautos y, sobre todo, partir de la dura realidad. El proceso de formalización no ordinario vía el Reinfo debe terminar –en el papel– el 31 de diciembre; no obstante, todo indica que se ampliará por varias razones. De los más de 31.000 Reinfo, unos 6.857 son suspendidos por menos de un año y 24.752 vigentes. En el 2025 solo unos 70 mineros se formalizaron. ¿Cuántos habrá formalizado el Minem a julio de este año con los cambios recurrentes de gobierno? Seamos brutalmente honestos: para diciembre no se llegará a formalizar a los más de 24.000 vigentes. Por lo tanto, la pregunta no es si se ampliará o no el Reinfo, sino qué Reinfo ampliamos y por cuánto más. El gobierno entrante no puede hacerse de un nuevo frente.
Antes del cierre definitivo del Reinfo, debe ser depurado, tarea central del próximo titular del Minem en los 100 primeros días. Debe limpiarlo cruzando información con la Sunat, Inteligencia Financiera, Ingemmet, entre otros. Hay unos 18 cruces. Asimismo, el minero del Reinfo debe estar sujeto a sanciones penales y las plantas de procesamiento deben ser fiscalizadas por el Minem. Seguiremos.
