Por: Iván Arenas
Perú21, 21 de julio del 2023
“A todo lo anterior se deben incluir las millonarias iniciativas que, por compromisos de gestión social, la operación minera ejecuta en toda la provincia, y que han logrado avances importantes”.
En las últimas semanas, los pequeños pero potentes sectores opositores a la minería moderna en Cusco, y en particular en la provincia de Espinar, han empezado a movilizarse con mayor intensidad con el objetivo de liquidar las inversiones mineras desangrándolas poco a poco. Como en Challhuahuacho o en Chumbivilcas o en Cajamarca, estos pequeños sectores, la minoría de la minoría, intentan destruir la “gallina de los huevos de oro”. ¿Qué sucede?
Antes de continuar, vale decir que es imposible no reconocer el papel de la minería moderna en lo que alguna vez la sociología de izquierda llamó como la “mancha india”. Hoy es inexplicable la reducción de pobreza, la emergencia de una nueva clase media y el crecimiento de la economía local, no obstante de implicaciones económicas de ahora.
Ahora bien, la minería moderna —con la operación Antapaccay a la cabeza— en la zona permite que casi toda la población esté encadenada económicamente a este sector. La provincia de Espinar tiene hoy 36 mil habitantes y hay casi 7 mil puestos de comercio. Si uno multiplica los 7 mil puestos de comercio por 4 integrantes por familia —cuyo resultado es 28 mil— llegará a la conclusión de que la zona depende exclusivamente de la minería moderna. A ello vale agregar los 2,300 ciudadanos de toda la provincia que trabajan en la operación minera.
Se dirá entonces que estamos ante un enclave minero; pero la respuesta es un no rotundo por una sencilla razón: hay más de 300 empresas locales, proveedoras directas e indirectas de la operación, y varias de ellas se han diversificado hacia otros sectores productivos altamente especializados.
Adicionalmente, los gobiernos locales reciben entre S/180 a S/200 millones al año por conceptos de canon y regalías; asimismo la operación minera invierte casi S/50 millones para la ejecución del convenio marco que empezó desde 2003. A todo lo anterior se deben incluir las millonarias iniciativas que, por compromisos de gestión social, la operación minera ejecuta en toda la provincia, y que han logrado avances importantes (los estudiantes han avanzado en comprensión lectora y razonamiento matemático debido a un exitoso programa educativo).
Todo lo antes expuesto está en veremos. Hoy un sector minoritario acusa de “criminalización” de la protesta o de “contaminación”. Sin embargo, no hay una sola prueba científica y, por el contrario, bloquea, quema transportes, paraliza la salida de minerales. Este sector, apoyado por las ONG de izquierda posextractivista, quiere “bonos económicos” a través de tarjetas que luego van a parar al mercado negro, y pretende reestructurar un convenio marco (¡exige 10% de utilidades como en ningún otro país!) soslayando que debido a la minería moderna la provincia redujo la pobreza en dos dígitos como jamás en su historia.
