Iván Alonso, Economista
El Comercio, 11 de agosto de 2017
Se ha vuelto un lugar común decir que las ramificaciones locales del caso Lava Jato en Brasil nos han costado 1% del producto bruto interno (PBI). Nadie, que sepamos, ha explicado cómo llega el gobierno a esa cifra. ¿Cuántos proyectos se han paralizado? ¿Cuánto se iba a invertir en ellos este año? ¿Cuál es el impacto neto en el PBI? Quizás, más que intentar cuantificarlo, su interés haya sido el de contribuir al repertorio de frases hechas de las que se nutre el debate de los grandes problemas nacionales.
El presidente Kuczynski se refirió en su discurso del 28 de julio a la cancelación de “importantes contratos”, en plural, “que generaban miles de puestos de trabajo”. En realidad, el único contrato que se ha cancelado es el del gasoducto del sur, pero no porque se haya demostrado que hubo corrupción en el proceso de adjudicación, sino porque se venció el plazo para que el concesionario acreditara el cierre financiero. Claro que siempre se puede decir que, si no fuera por una sospecha de ese tipo, se habría podido extender el plazo; pero ésa es otra historia.
Es difícil ver la conexión entre un escándalo de corrupción y la promoción de nuevas concesiones de infraestructura (para no hablar de la marcha de la economía, en general). Se supone que hay una separación de funciones al interior del estado. Mientras los fiscales y procuradores investigan y persiguen lo primero, Proinversión y los ministerios de energía, de transporte y de vivienda, por mencionar solamente a los principales en materia de concesiones, podrían avanzar con lo segundo. Una cosa no tendría por qué ser un obstáculo para la otra.
El gobierno, a nuestro entender, cometió un error de cálculo al inicio de su gestión, pensando que el “destrabe” de los grandes proyectos iba a ser más fácil de lo que resultó siendo y que podía terminar rápidamente con eso para luego dedicarse a impulsar otros proyectos. Pero lamentablemente el destrabe se trabó… y aquel que lo destrabe un gran destrabador será.
Entretanto, no se ha visto mucha acción en otros frentes. Había, por lo menos, dos proyectos de varios cientos de millones de dólares cada uno que estaban casi listos para licitarse a fines del gobierno anterior y de los cuales no se ha sabido más, que son las llamadas obras de cabecera de Sedapal y el tramo 4 de la carretera longitudinal de la sierra. (Este columnista ha estado tangencialmente involucrado en ambos, por si acaso.)
En cuanto al resto de la actividad económica, es inverosímil que las sospechas y las investigaciones en curso sean un factor determinante en la caída de la inversión privada, que aún no se detiene, o en la desaceleración de los gastos de consumo. Los 350 millones de dólares supuestamente retenidos por mandato del decreto de urgencia 003 a una empresa constructora y que le estarían impidiendo pagar a sus proveedores no podrían hacer que la tasa de crecimiento del consumo regrese adonde estaba un año atrás, así pasaran de mano en mano cuatro o cinco veces. Por su parte, la caída en la inversión privada parecería obedecer a otras causas. Todavía la inversión privada está, en proporción al PBI, muy por encima de su promedio histórico. Es más bien la euforia del ayer, y no la timidez de hoy, lo que necesita explicación. No tiene mucho que ver con Lava Jato, como tampoco lo tendrá su eventual recuperación.
