Iván Alonso
El Comercio, 20 de febrero del 2026
“El gobierno sueco no ha dejado de prestar servicios públicos, pero hoy compite con el sector privado”.
¿Cómo llegó Suecia a ser en 1990 la décima economía más rica del mundo? Muy fácil: en 1950 era la cuarta economía más rica del mundo; veinte años de socialismo la hicieron retroceder seis posiciones.
Durante mucho tiempo se consideró a Suecia un modelo de estado de bienestar y democracia, un paraíso socialista en libertad. Medicina y educación gratuitas; ayuda económica para las familias; tiempo libre para atender necesidades personales. Todo financiado con un sistema tributario progresivo. Si usted fuera sueco, sin embargo, probablemente habría emigrado, como Ingmar Bergman y Björn Borg, para escapar de los impuestos, que a niveles altos de ingresos llegaban a quitarle a uno más del 100% de lo ganado. Y los que se quedaron no estaban muy contentos con la calidad de los servicios.
Suecia fue, en realidad, un país capitalista mucho antes de su experimento socialista de los años 70 y 80 del siglo pasado. En 1857 el ministro de finanzas Johan August Gripenstedt expuso ante el Parlamento un plan de liberalización y apertura comercial que inició una era de rápido crecimiento económico. Gripenstedt desreguló la industria forestal, abolió los gremios, levantó los controles a las tasas de interés y construyó ferrocarriles. En los siguientes 80 años el ingreso por habitante se triplicó y surgieron grandes compañías multinacionales, como Ericsson, SKF, Alfa Laval, Electrolux e IKEA.
El partido socialdemócrata, que gobernó casi ininterrumpidamente desde 1932 hasta 1978, había sido fundado con una plataforma que combinaba el libre comercio con la transferencia de los medios de producción a los trabajadores, un punto que luego abandonó, cuando vio que no era necesario para elevar su nivel de vida. Fiscalmente, era un partido conservador: hasta 1969 el gasto público no pasaba del 30% del producto bruto interno (PBI).
Las cosas comenzaron a cambiar con la elección de Olof Palme. En los siguientes 15 años el gasto público se duplicó como proporción del PBI. Vinieron las regulaciones y los controles de precios; las rigideces del mercado laboral; los fondos de empleados, que recibían una parte de las utilidades para la compra forzosa de acciones. Subieron los impuestos, pero también el déficit fiscal y el endeudamiento público. A principios de los 90, una crisis fiscal puso fin al experimento.
El gobierno sueco no ha dejado de prestar servicios públicos, pero hoy compite con el sector privado. La gente tiene libertad para elegir su colegio y su hospital. Ya no es un estado de bienestar, sino un “capitalismo de bienestar”.
