Por: Iván Alonso
El Comercio, 27 de Enero del 2023
“Ningún gobierno tiene la capacidad de cerrar una brecha súbitamente abierta entre la oferta y la demanda mundial”.
Hay una escuela de pensamiento que sostiene que la regulación económica debe ser juzgada por sus efectos, y no por sus intenciones. Hay otra escuela que sostiene que los efectos reflejan fielmente las intenciones. Una cosa es lo que dicen los políticos, sus objetivos declarados, y otra –muy distinta, frecuentemente–, lo que realmente quieren hacer.
Según esta segunda escuela de pensamiento, deberíamos atribuir la cuatro veces frustrada compra de urea no a la ineptitud (hipótesis siempre plausible) ni a los conatos de corrupción (aún no investigados a fondo), sino a los designios del expresidente Castillo. El gobierno abandonó la idea de comprar urea para venderla a “precio social” y, en lugar del subsidio implícito en esa operación, anunció el reparto de un “fertiabono” a un grupo selecto de agricultores. Pero si hubiera sido este el plan desde un principio, ¿para qué ofrecer antes algo que no se pensaba cumplir? Quizás nunca tuvo la intención de comprar urea. Quizás no fue más que un gran balbuceo, como todo lo que en materia de agricultura salía de boca de su gobierno. Quizás el “fertiabono” fue solamente una salida improvisada a lo que ya se veía como un engaño emblemático.
¿Qué tenía que hacer el gobierno –el de Castillo o cualquier otro– en la compra de urea? Había ciertamente una escasez, a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, dos grandes exportadores de granos y fertilizantes. Pero ningún gobierno tiene la capacidad de cerrar una brecha súbitamente abierta entre la oferta y la demanda mundial. Tampoco los distribuidores que se dedican a importar urea la tienen, pero lo que sí cabía esperar, porque ese es su negocio, es que pudieran encontrar lotes disponibles por aquí y por allá con menos dificultad que el gobierno. Y, así, fueron a buscarla a Indonesia, a Argelia, a Trinidad y Tobago. A fines de agosto, las importaciones prácticamente se habían normalizado, sin necesidad de intervención del gobierno, totalizando 189.000 toneladas en los ocho primeros meses del año, comparadas con 202.000 en el mismo período del 2021, según el portal agrodataperu.com.
Los agricultores que les compraron la urea a los distribuidores tuvieron que pagar más del doble que el año anterior, pero pudieron conseguirla. Para lo único que sirvió la ficción de la compra estatal fue para mantener viva entre el resto de los agricultores la expectativa de que el gobierno les daría un subsidio. Pero ese juego de expectativas los enfrentó a un dilema: asegurarse la urea pagando el precio de mercado (con probabilidad 1, digamos) o esperar unas semanas para ver si llegaba la que el gobierno les vendería a “precio social”. Había una probabilidad de conseguir urea a precio reducido, pero también una probabilidad de no conseguirla y, por lo tanto, no ahorrar nada y quizás no producir nada. Todos los que apostaron por el favor del gobierno salieron perdiendo. Cuántas hectáreas habrán dejado de fertilizar o de sembrar, inclusive, mientras veían que los ganadores de las licitaciones eran descalificados o se bajaban solos del barco.
No parece que fuera tan difícil comprar urea o cualquier otro producto si uno de verdad quiere hacerlo.
