Por Iván Alonso, Economista
El Comercio, 02 de marzo de 2018
Un titular tendencioso que lo bautizaba como “ley de la esclavitud juvenil” prácticamente ha desbaratado el proyecto sobre “modalidades formativas laborales”, que en esencia legaliza las prácticas profesionales no remuneradas para los estudiantes de institutos técnicos. Cuatro congresistas retiraron de inmediato sus firmas del acuerdo que lo exoneraba de la segunda votación. Ninguno de los miembros de la comisión de educación quiso defender abiertamente lo que habían aprobado por unanimidad a puertas cerradas. Los que estuvieron a favor en la comisión permanente, tampoco. Miles de chicos fueron inducidos a marchar, una vez más, contra sus propios intereses.
No es que el proyecto de ley de la congresista Rosa Bartra sea una maravilla, pero ha sido groseramente tergiversado. Se ha hablado de tres años de trabajo no remunerado, cuando en realidad se trata de un máximo de 448 horas, que pueden distribuirse a lo largo de un periodo de tres años. Eso equivale a 56 días a tiempo completo; menos de dos meses. Como quien dice, medio ciclo más de estudios.
¿Cómo así las prácticas no remuneradas pueden beneficiar a los estudiantes? Un alumno recién egresado no necesariamente tiene una productividad que justifique pagarle el sueldo mínimo (menos aún ahora que se va a subir). La ley de modalidades formativas ya contempla el caso de las pasantías, que pueden recibir una “subvención” igual al 30% del sueldo mínimo. Con el proyecto en cuestión, se puede prescindir del todo de la subvención.
Los críticos del proyecto dan por sentado que el trabajo del alumno (práctica, pasantía, modalidad formativa o como se lo quiera llamar) va a generar ingresos para la empresa. Pero es perfectamente posible que no. Quién sabe si corta mal el material, fuerza excesivamente las máquinas o exige demasiada atención de parte de su supervisor.
¿Y por qué, entonces, tomaría una empresa a un practicante si, en lugar de aumentar sus ingresos, los reduce? Porque esa reducción de ingresos, si es de carácter temporal, no es más que un costo que asume la empresa en la búsqueda de personal idóneo. Si al cabo de dos meses se vuelve más productivo, puede contratarlo con un sueldo. Si no, lo deja ir. Pero hay un límite al costo que la empresa está dispuesta a asumir. Si a la reducción de ingresos hay que sumarle un pago al practicante, es menos probable que las empresas busquen practicantes.
Este economista sospecha que las prácticas no remuneradas son la norma en el mundo informal. ¿Cómo creen, si no, los críticos de este proyecto que adquieren sus primeros conocimientos prácticos la mayoría de los jóvenes? La legalización de las prácticas no remuneradas no hace más que abrir ese segmento del mercado laboral a las empresas formales.
Para los alumnos recién egresados o que están por egresar de un instituto técnico eso tiene dos ventajas. Primero, reduce el tiempo de espera hasta que aparezca una empresa que los tome, puesto que habrá más empresas buscando practicantes. Y así podrán hacer más rápido también la transición a un empleo remunerado. Toda la curva de aprendizaje se adelanta. Segundo, la posibilidad de practicar en una empresa formal, con mejores equipos y con personal más preparado, por lo general, empina la curva, acelera el aprendizaje. Eso es lo que los chicos que salieron a marchar el viernes pasado no están viendo.
