En la celebración del Día de la Industria anunció el presidente Humala que su gobierno prepara una política industrial, a la que dio el grandioso nombre de Plan Nacional de Desarrollo Industrial Inclusivo. El daño que este tipo de planes puede causar a la economía es más grandioso aun.
La necesidad de semejante plan parte de una premisa falsa: que nuestra economía depende excesivamente de la exportación de minerales. De allí se seguiría que resulta indispensable diversificar la producción y “generar valor agregado” si queremos llegar a ser un país desarrollado.
Pero nuestra economía está más diversificada de lo que se suele o se quiere reconocer.
El valor de nuestras exportaciones mineras el año pasado fue de casi US$26 mil millones. Eso es apenas una octava parte del producto bruto interno (PBI), que mide el total de lo que produce el país y que en el 2012 equivalía a US$200 mil millones. Y aun esa comparación sobreestima la importancia de la minería porque las exportaciones son una medida del valor bruto de las ventas al exterior, mientras que el PBI mide solamente el valor agregado, o sea, la diferencia entre lo que se vende y lo que se compra. Es como comparar papas con rubíes.
Una comparación más apropiada es la del PBI total con el valor agregado generado por la minería –el PBI minero, digamos–. Desde el 2003, cuando comenzó el ‘boom’ de los precios de los minerales, el PBI minero ha fluctuado entre el 5% y el 7% del total. Para ponerlo en perspectiva, la industria manufacturera ha contribuido consistentemente, a lo largo del mismo período, con el 15% del PBI total. Más importantes que la minería en su contribución al PBI total son también la agricultura, el comercio y últimamente la construcción, para no hablar de los servicios.
El mal que la política industrial se propone curar simplemente no existe. No, por lo menos, en el organismo económico. Para un hipocondríaco, nada mejor que un placebo, podríamos pensar. Pero la política industrial es peor aun: es un medicamento contraindicado. Ilustrémoslo con dos ejemplos.
Se ha sugerido que como parte de la política industrial se podría otorgar créditos baratos a determinados sectores. Una comprobada manera de generar no más, sino menos valor agregado del que la economía puede generar por sí sola. El crédito es, como otros, un recurso escaso. El mercado lo asigna a quien está dispuesto a pagar más por él. Y quien más está dispuesto a pagar es, como regla general, aquel que puede hacer del crédito un uso más productivo –el que tiene un proyecto más rentable en qué invertirlo–, o sea, el que le agrega más valor. Repartir crédito barato es alentar un uso poco productivo del capital con el que contamos.
Otra idea que peregrina por allí es entregar terrenos a precios subsidiados para la instalación de industrias, a cambio de que los agraciados industriales cumplan metas de generación de empleo. El precio de mercado de la tierra también se fija según lo que la gente está dispuesta a pagar por ella. Si un negocio necesita instalarse en un terreno subsidiado, quiere decir que no rinde lo suficiente para pagarles a sus proveedores y trabajadores, además del alquiler. Es un negocio que no agrega valor a los recursos que utiliza, sino más bien se lo resta. Ese terreno estaría mejor utilizado en otra actividad, y esos trabajadores también.
Publicado por El Comercio, 11 de julio del 2013
