Iván Alonso
El Comercio, 20 de setiembre del 2024
“Si Petro-Perú no se reestructura en serio, cerrando o vendiendo algunas operaciones, las repercusiones de sus problemas financieros tarde o temprano se sentirán más allá de la propia empresa”.
Las medidas de austeridad que supuestamente se le exigirán a Petro-Perú, como condición para el rescate financiero aprobado la semana pasada, son a todas luces insuficientes. Entre setiembre y diciembre, Petro-Perú tendrá que reducir sus costos de operación en 10% con respecto a los del mismo período del año pasado; y en el 2025 tendrá que reducirlos en 30% con respecto a los del 2024. ¡Ah, pero sin contar la depreciación ni los costos de operación de los lotes petroleros! Aun si cumple al pie de la letra, eso se traduce en un ahorro de unos US$200 millones en un lapso de 16 meses, que es menos de la mitad de lo que ha perdido tan solo en la primera mitad del año.
El decreto, además, encarga a ProInversión la venta de los inmuebles que no sean “activos críticos nacionales”. Pero, sin contar la nueva refinería de Talara, Petro-Perú tiene apenas US$300 millones de terrenos y edificaciones en su balance. Con eso no paga ni la vigésima parte de lo que debe.
Claro que ahora va a deber menos porque el Gobierno ha decidido no solamente capitalizar (o sea, no cobrarle) la plata que le prestó en el 2022, sino también asumir una parte de las deudas con el Banco de la Nación y con Cesce, la agencia española de crédito a la exportación que financió parcialmente la nueva refinería. El total, incluyendo intereses acumulados, bordea los US$1.700 millones.
Llama la atención que la Superintendencia de Banca y Seguros no haya dicho una palabra sobre el potencial efecto de tanto rescate en el Banco de la Nación. Su exposición a Petro-Perú, con el nuevo préstamo de corto plazo aprobado por el decreto de la semana pasada, sumará más de US$2.000 millones, que se acerca peligrosamente a la mitad de su cartera. A un banco privado no se le toleraría una concentración semejante. Peor aún, la nueva ampliación del préstamo de “corto plazo” otorgado hace más de dos años lo obligarían a clasificarlo como un problema potencial. Es verdad que una parte de la deuda de Petro-Perú –y eventualmente toda su deuda– está garantizada por el Gobierno, pero estamos hablando de un garante que tiene un déficit fiscal aparentemente fuera de control.
Si Petro-Perú no se reestructura en serio, cerrando o vendiendo algunas operaciones, las repercusiones de sus problemas financieros tarde o temprano se sentirán más allá de la propia empresa.
