Iván Alonso, Economista
El Comercio, 06 de mayo de 2016
El Gobierno ha enviado al Congreso un proyecto de ley que sigue desfigurando el funcionamiento del mercado eléctrico, tal como fue concebido en 1992. Ese año, la ley de concesiones eléctricas instauró un sistema (copiado, en lo esencial, de Chile, que, a su vez, lo había copiado del Reino Unido) que segmentaba el negocio en un mercado cuasi competitivo de generación, una red de transmisión de energía a alto voltaje y un conjunto de concesiones de distribución local. Las tarifas de generación se determinan balanceando la oferta y la demanda; las de transmisión y distribución, en base a fórmulas orientadas a la recuperación y remuneración del capital invertido por los operadores.
Este sistema tenía la virtud de darles a los usuarios las señales correctas de precios para que regulen su consumo de acuerdo con su disposición a pagar. Dicho de otra manera, la tarifa reflejaba el costo de llevar la energía hasta el usuario final, que podía así decidir si el uso que pensaba darle a cada kilovatio-hora valía lo suficiente. Vistas desde el otro extremo, las tarifas ponían en marcha la cadena de generación, transmisión y distribución si y solo si había alguien al final de la misma dispuesto a asumir los costos de producción. Un sistema racional que economiza recursos y beneficia al país.
En lo que se refiere a la distribución, el sistema reconoce una realidad inexorable: que cuanto más alejadas están las casas entre sí, más cable hay que poner entre una y otra. El costo unitario de tender una red es menor en las zonas más densamente pobladas y mayor en las menos densamente pobladas, como son, por ejemplo, las zonas rurales. El proyecto de ley del Gobierno se propone compensar a los usuarios de estas últimas mediante un subsidio cruzado (o sea, pagado no por el estado, sino por el resto de usuarios), “con el fin de uniformizar a nivel nacional los cargos tarifarios que pagan los usuarios residenciales, independientemente de su ubicación geográfica”.
Un gesto muy loable, como son todos los que se hacen con plata ajena. Se puede pensar: ¿qué culpa tiene la gente de vivir en una zona de baja densidad poblacional? Pero con esa misma lógica –por llamarla de alguna manera– podríamos crear también un fondo de compensación del costo de la vivienda, para que los habitantes de las zonas rurales subsidien a los de las ciudades, donde ese costo es mayor, justamente porque la densidad es más alta.
Mucho mejor sería que el Gobierno elimine las distorsiones que ha ido introduciendo en el mercado eléctrico con el transcurso de los años. Los 180 millones de soles del Fondo de Inclusión Social Energética (FISE) que se usarían anualmente para los fines de este proyecto de ley podrían devolverse a los usuarios, a razón de 0,4 centavos por kilovatio-hora. Mejor aun sería desactivar el FISE, que se financia con recargos a los clientes industriales y a los usuarios del gasoducto, para hacer más competitiva la generación de energía.
El Gobierno parece querer solucionar con un subsidio los problemas que ha creado con otros. La propia exposición de motivos del proyecto de ley reconoce, en su apartado 2.7, que las tarifas eléctricas han subido porque se está subsidiando la construcción de centrales de generación que el mercado por el momento no necesita. Es eso lo que “viene afectando a los sectores más vulnerables”. Lampadia
