Iván Alonso
El Comercio, 21 de junio del 2024
“¿Es consistente este objetivo de endeudamiento con la trayectoria autorizada del déficit?”.
El Congreso devuelve la cortesía –las múltiples cortesías– del Gobierno aprobando una delegación de facultades que incluye la de legislar en materia de equilibrio fiscal, en términos no muy exigentes. Basta con que el déficit fiscal de este año sea menor que el del año pasado, que llegó al 2,8% del Producto Bruto Interno (PBI). Para el 2025 deberá haber bajado a 2,2% del PBI; la regla fiscal vigente dice 1,5%. En el 2028 deberá llegar al 1% del PBI, dos años después de lo que la regla actual ordena.
Esa laxitud implica que el Gobierno tendrá entre S/15.000 y S/20.000 millones más para gastar de aquí al final de su mandato. Para gastar, esto es, sin un correspondiente aumento en los ingresos fiscales. La autorización para incurrir en un déficit mayor es una autorización para endeudarse más. El texto aprobado en primera votación conmina al Gobierno, sin embargo, a reducir su endeudamiento al 30% del PBI… pero recién en el 2035. Una promesa, como quien dice, de hacer dieta cuando el Perú vuelva al Mundial.
¿Es consistente este objetivo de endeudamiento con la trayectoria autorizada del déficit? Mucho nos tememos que no. Las leyes de la aritmética se resisten a aceptarlo. Creciendo entre el 3% y 4% al año, para no ser demasiado optimistas, en 11 años la economía será 50% más grande de lo que es hoy. La deuda actual se convertirá en 22% del PBI de entonces. Eso quiere decir que los déficits fiscales acumulados de aquí al 2035 no pueden sumar más del 8% del PBI. Pero solamente los déficits autorizados por el Congreso hasta el 2028 suman más que eso. De allí en adelante necesitaríamos siete años consecutivos de verdadero equilibrio fiscal o inclusive superávit, lo cual es difícil de imaginar.
Es difícil de imaginar no solamente porque este Gobierno no muestra hasta ahora disciplina en el gasto, sino porque el Congreso le ha agarrado gusto a dictar leyes que crean nuevas obligaciones de gasto, como la reincorporación al magisterio de cientos de miles de profesores cesados por no rendir exámenes, y a repartir beneficios tributarios a diestra y siniestra, como la reducción del IGV a las peluquerías o la idea que anda dando vueltas por ahí de crear más zonas francas en donde no se pague impuesto a la renta. Lamentablemente, no hay por qué pensar que el comportamiento del próximo Congreso será muy diferente.
