Por: Iván Alonso
El Comercio, 3 de mayo del 2024
“La envidiable rentabilidad patrimonial del Banco de la Nación se explica por su igualmente envidiable margen financiero, que es la diferencia entre los intereses que cobra por los préstamos que da y los intereses que paga por los depósitos que recibe”.
¿Quién dice que todas las empresas públicas pierden plata? El Banco de la Nación es un ejemplo de que no necesariamente tiene que ser así. Lamentablemente, no es un buen ejemplo.
Por alguna razón, los bancos en el Perú están obligados a publicar en los periódicos sus balances y estados de ganancias y pérdidas al final de cada trimestre. Los del Banco de la Nación, publicados la semana pasada, muestran una rentabilidad patrimonial anualizada del 67% (que es el resultado de multiplicar por cuatro las utilidades trimestrales y dividirlas entre el patrimonio neto). Los bancos privados no pasan del 20% o el 30%; algunos no pasan ni siquiera del 10%.
La envidiable rentabilidad patrimonial del Banco de la Nación se explica por su igualmente envidiable margen financiero, que es la diferencia entre los intereses que cobra por los préstamos que da y los intereses que paga por los depósitos que recibe. Proporcionalmente hablando, el Banco de la Nación cobra S/45 de intereses por cada sol que paga. En la banca comercial la proporción es de S/2 a S/3 de intereses cobrados por cada sol de intereses pagados.
La diferencia se debe fundamentalmente a que el Banco de la Nación paga mucho menos por los depósitos del público que un banco comercial. Si el costo de fondeo fuera el mismo, dos terceras partes de sus utilidades desaparecerían.
Pero ¿por qué es menor su costo de fondeo? Primero, porque casi no recibe depósitos a plazo, que son los depósitos más caros. No los necesita. Tiene suficientes depósitos a la vista (esto es, cuentas corrientes) para fondear sus operaciones. Segundo, porque tiene una fuente cautiva de depósitos a la vista, que son las cuentas de detracciones, esas cuentas que las empresas están obligadas a mantener exclusivamente en el Banco de la Nación para acumular allí una parte del IGV que les pagan sus clientes y saldar con esos fondos sus impuestos.
Si la ley les permitiera a las empresas elegir en qué banco tener sus cuentas de detracciones, como puede uno elegir dónde tener su CTS, se desataría una competencia por esos fondos. La competencia seguramente reduciría las utilidades del Banco de la Nación; pero, más importante aún, haría posible remunerar a las empresas –grandes, medianas y pequeñas– por los fondos que la ley las obliga a mantener estacionados.
Ahí tiene el Gobierno una idea para su pedido de facultades legislativas.
