Ismael Benavides
Expreso, 26 de setiembre del 2025
Cada vez que Petroperú, el monumento al estatismo de Velasco y de Humala es rescatado financieramente por el gobierno, tirios y troyanos reaccionan condenando el desperdicio de recursos que podrían usarse en tantas otras necesidades de nuestro empobrecido país. Al poco tiempo nos olvidamos y Petroperú sigue perdiendo 2 millones de dólares al día o más, hasta el próximo rescate.
Según el Instituto Peruano de Economía, entre el 2013 y el 2024, el apoyo del estado a Petroperú suma a más de S/.20,000 millones, un auténtico barril sin fondo. En el 2024, mediante el decreto de urgencia 04-2024, el gobierno con el ministro de economía José Arista, otorgó a Petroperú un préstamo del Banco de la Nación garantizado por el estado de US$800 millones, y la extensión de una garantía de US$500 millones, además de absorber parte de los intereses de la deuda estructural de Petroperú. Según este DU la exigencia era de vender activos redundantes de Petroperú e implementar un programa de retiros voluntarios para reducir personal y así aligerar la abultada carga laboral de la empresa, nada de eso se ha hecho. A todo esto, el presidente de la empresa Alejandro Narváez, nombrado el 8 de noviembre del 2024 ha venido afirmando que bajo su gestión la empresa generaría utilidades en el corto plazo. Los sucesivos ministros José Salardi y José Pérez Reyes han manifestado que no le darían dinero el presupuesto público a Petro Perú, sin embargo, Salardi fue despedido, aparentemente por ello, y Pérez Reyes ha dado su brazo a torcer. La gestión de Narváez deja mucho que desear, pues no se han hecho cambios estructurales en la empresa, y no han cumplido con los requisitos del DU-04.
Petroperú lleva perdiendo este año, US$ 278 millones a junio, y acaba de informar a sus accionistas el MEF y el MINEM que la empresa tiene pérdidas acumuladas por US$1,826 millones, lo que lleva a la empresa a una situación de haber perdido más de 50% de su patrimonio, y que de no resolverse entraría en situación irregular que podría llevar a su liquidación. Naturalmente para remediar esta situación se requiere un aumento de capital.
Probablemente, tanto para cubrir la actual situación irregular, más las pérdidas que indudablemente se generarán hasta fines de este gobierno, se necesite US$1000 millones de aumento de capital. La pregunta es ¿estamos dispuestos a tirar esa cantidad de dinero al hoyo otra vez? Gracias, Sr. Humala, Sr. Campodónico, Sr. Narváez y todos lo que han colgado a este elefante blanco sobre el cuello de los peruanos. La Presidenta y los Ministros tienen la palabra.
La solución no pasa por un aumento de capital otra vez, menos aún sin condiciones y sin soluciones de fondo. Debería aprovecharse la situación de la empresa y enviarla a INDECOPI, y los acreedores hacer una liquidación en marcha. Alguien me dirá y ¿qué hay de los inversionistas en los bonos?, Bueno, ellos asumieron el riesgo y tomaron su decisión y se atengan a las consecuencias, además los bonos ya están bastante castigados. Paralelamente se debería contratar a un Banco de inversión de primer orden que arme una estrategia financiera que facilite el ingreso de un inversionista de primer nivel, que opere la empresa eficientemente y que Petroperú deje de ser una carga para el estado y todos los peruanos.
Otro sí. La extorsión violenta de decenas de bandas que operan en todo el país y obligan a miles de comercios, mercados y servicios a pagar cupos, muchas veces encubiertos por malos policías y fiscales, está empezando a tener impacto sobre la economía y los precios. Se estima un 2% del PBI, y la gente lo está empezando a sentir en el alza de los pasajes, los productos de primera necesidad, las barberías y salones de belleza, los taxis y otros servicios, para el pago de los cupos, todo lo cual impacta en el costo de vida qué es la principal preocupación del BCR. Ante la falta de presupuesto del Gobierno Central las utilidades del BCR, que es propiedad del estado, podrían destinarse a comprar tecnología, armas y equipamiento para la policía y así mejorar el control de la criminalidad y las extorsiones.
