Ian Vásquez
El Comercio, 23 de setiembre del 2025
“Hay algunos conservadores que defienden la libertad de expresión y recuerdan a su bando político que sus adversarios políticos podrán usar estas herramientas en su contra”.
Cuando Donald Trump asumió la presidencia este año, prometió “devolver la libertad de expresión a EE.UU.”. Ese mensaje fue bienvenido en un país que bajo la presidencia de Joe Biden fue parte de lo que los expertos denominan el déficit de la libertad de expresión que ha afligido al mundo en los últimos 15 a 20 años.
De una manera no pública, el gobierno de Biden presionó a las plataformas de medios sociales a censurar o cancelar lo que consideraba desinformación, algo que luego fue ampliamente documentado. Mark Zuckerberg, jefe de Meta, confesó este año: “Nos enfrentamos a una enorme presión institucional para empezar a censurar contenidos por motivos ideológicos”.
La cultura de la cancelación, estimulada en parte por el derecho estadounidense, también se intensificó durante ese tiempo. Pero el deterioro de la libertad de expresión ya había empezado varios años antes. Ya para el 2020, una encuesta muy conocida encontró que el 62% de los estadounidenses no se sentía cómodo expresando sus opiniones, por lo que se autocensuraba. Solo quienes se identificaban como progresistas se sentían libres en su mayoría de expresarse sin incomodidad.
La promesa de Trump, sin embargo, no prosperó. Su gobierno ha deportado inmigrantes legales cuyas opiniones políticas no comparte, ha acosado a bufetes de abogados y programas de noticias, y ha hostigado a universidades, yendo mucho más allá de lo necesario para abordar problemas respecto a los derechos de expresión en esas instituciones que reciben dinero público.
El ejemplo más reciente y flagrante de la violación de la libertad de expresión tiene que ver con el vil asesinato en un foro universitario de Charlie Kirk, un ícono de la nueva derecha que también fue un defensor de la libertad de expresión.
La cadena de televisión ABC suspendió el programa nocturno del comediante Jimmy Kimmel después de que él hizo un comentario mal informado y de mal gusto acerca del asesinato. ABC está en su derecho de tomar esa decisión y recién ayer anunció que volvería el programa. El problema es que esta situación vino luego de que el jefe de la agencia regulatoria de los medios televisivos amenazara a la cadena por el episodio. Él declaró: “Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Estas empresas pueden encontrar la manera de tomar medidas contra Kimmel, o [nuestra agencia] tendrá más trabajo por delante”.
El jefe de esa agencia aclaró que la agencia estaba en su derecho porque se trataba de desinformación. Es el gobierno y no la cadena de televisión, sin embargo, el que está violando la ley, pues en Estados Unidos ese tipo de expresión la protege la Primera Enmienda de la Constitución.
La misma fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, también se mostró completamente confundida respecto a la ley en su país. Luego de que algunos en la izquierda hayan celebrado el asesinato de Kirk, Bondi dijo: “Hay libertad de expresión, y luego está el discurso de odio. Y no hay lugar para ello, especialmente ahora, sobre todo después de lo que le pasó a Charlie […] Te perseguiremos sin piedad si te dedicas a atacar a alguien con discursos de odio”.
Con mucha razón, tampoco es ilegal el discurso de odio en EE.UU. Es un concepto demasiado ambiguo que se presta a diversas interpretaciones de las que las autoridades pueden abusar. Los conservadores son los que tradicionalmente se han opuesto a la criminalización del discurso del odio y el vicepresidente J.D. Vance tuvo razón al criticar a Europa por mantener tales leyes, las cuales han generado violaciones serias del derecho de expresión.
Por lo menos todavía hay algunos conservadores que defienden la libertad de expresión, apuntan a la hipocresía del gobierno y recuerdan a su bando político que sus adversarios políticos podrán usar estas herramientas en su contra si se justifican ahora. Mientras tanto, el déficit global se profundiza.
