Ian Vásquez, Instituto Cato
El Comercio, 12 de diciembre de 2015
Los vientos de cambio político que representan las derrotas al chavismo y al peronismo no han llegado todavía a Ecuador. Al contrario, el régimen populista de Rafael Correa está haciendo todo lo posible para evitarlo.
Violando su propia Carta Magna, la Asamblea Nacional, controlada por Correa, aprobó 15 reformas constitucionales la semana pasada. La Constitución dice que los cambios a este documento que alteren la estructura del Estado requieren ser sometidos a consulta popular. El régimen evitó eso al pedirle a la Corte Constitucional que falle sobre el caso. ¡Oh sorpresa! La corte –también controlada por Correa, como todos los poderes de Estado– dictaminó a su favor, permitiendo que la Asamblea apruebe los cambios.
¿Cuáles son las reformas? Entre las más notables se establece a la comunicación como un servicio público que debe ser regulado por el Estado, la reelección indefinida y consecutiva, un papel más prominente de las Fuerzas Armadas en la sociedad, y una controlaría seriamente debilitada.
El Ecuador de Correa ya se encuentra entre los países donde más se atenta contra la libertad de expresión. En el ránking de libertad de prensa de Freedom House se ubica en el puesto 140 de entre 199 países. La Sociedad Interamericana de Prensa declaró que con la nueva enmienda el gobierno está “aplicando una vuelta más del torniquete contra la libertad de prensa y expresión”. Esta reforma respalda la Ley de Comunicación que regula la información bajo el mismo pretexto y que ha sido usada para censurar, hostigar y castigar a medios privados e individuos que piensan diferente al régimen, lo cual también ha resultado en la autocensura.
La Constitución reformada permite la reelección de todo funcionario de elección popular. Cuando se propuso, esto avivó el justificado temor de que Correa buscaría quedarse en el mando indefinidamente. Correa, sin embargo, declaró que nunca le ha interesado el poder y que no se postularía a las próximas elecciones. Además, se anunció que la reforma incluiría una “disposición transitoria” que establece que lo de la reelección no se aplicará en las próximas elecciones, sino para las que siguen. Ciertamente, la reforma incluye esa disposición, lo cual descalifica a Correa a postular.
Pero ojo, la figura legal de la “disposición transitoria” es cuestionable. Tal como explica el abogado Fabián Pozo, la Corte Constitucional tiene que previamente ejercer control sobre propuestas de enmienda, cosa que ya hizo cuando falló a favor de que la Asamblea haga los cambios a la Constitución. No lo hizo, sin embargo, en el caso de la disposición, que se introdujo luego. Por lo tanto, es probable que en un futuro previo a las próximas elecciones, la Corte Constitucional declare la disposición transitoria inconstitucional. Así, el ingenioso Correa podrá candidatear si determina que el pueblo se lo pide.
Las otras reformas también disponen que las Fuerzas Armadas ahora apoyen “la seguridad integral del Estado” –lo cual abre las puertas a una posible militarización de la sociedad– y que la contraloría ya no pueda auditar a las instituciones públicas.
Negocio redondo para cualquier gobierno en el poder. Lo es todavía más si se esperan tiempos económicos difíciles producto de años de gasto descontrolado, como ha sido el caso ecuatoriano. Credit Suisse está proyectando una contracción de casi 2% para el 2016. Irónicamente, lo que más ha salvado al populismo ecuatoriano hasta ahora es la dolarización, una política que Correa siempre ha querido deshacer por la disciplina económica que impone. Ya hemos visto cómo acaba esta película. Los vientos de cambio se sentirán en Ecuador tarde o temprano.
