Ian Vásquez, Instituto Cato
El Comercio, 30 de Mayo de 2017
Cuando Brasil revele a principios de junio los nombres de los funcionarios y políticos en 11 países sobornados por Odebrecht, paralizará aún más a varias de esas naciones. Provocará además nuevas preguntas acerca del funcionamiento y naturaleza de lo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha llamado “El caso de soborno internacional más grande de la historia”. Estamos por darnos cuenta de que lo que sabemos de Odebrecht es solamente la punta del iceberg.
Lo que sabemos es que desde la década pasada la empresa constructora brasileña Odebrecht pagó miles de millones de dólares en coimas para ganar contratos multimillonarios de infraestructura y obras públicas en 12 países (diez en América Latina y dos en África). Así llegó a corromper a la administración y a las finanzas públicas, a la justicia y a los partidos y campañas políticas a lo largo de la región.
Sabemos también que la empresa y los políticos involucrados se enriquecieron con el apoyo oficial e ilícito del Estado brasileño. A través de Petrobras se ganaron contratos de manera ilegítima, y a través del banco estatal de desarrollo BNDES se apoyaron numerosos proyectos financieramente cuestionables. Tal como documentó Mary O’Grady del “Wall Street Journal”, para el 2014, el apoyo financiero del banco a Odebrecht fuera de Brasil se disparó a US$1.000 millones.
Mucho de lo que sabemos se debe al acuerdo judicial entre Odebrecht y el Departamento de Justicia de EE.UU. que se dio a conocer en diciembre. Sin embargo, Leonardo Coutinho, editor de la revista brasileña “Veja” y uno de los principales periodistas que investiga el caso, sugiere que ese acuerdo podría estar “lejos de representar la real dimensión” del asunto.
Basándose en otros testimonios más recientes de ejecutivos de Odebrecht, por ejemplo, Coutinho toma nota de que entre el 2006 y el 2014 la empresa pagó US$3.300 millones en sobornos. Pero en algún momento, el valor de las coimas empezó a sobrepasar el valor de las ganancias de la compañía. Documenta Coutinho que en el 2006, Odebrecht pagó US$60 millones en coimas y lucró US$59 millones. En el 2011, desembolsó US$520 millones en sobornos, pero solo obtuvo una ganancia neta de US$24 millones. En el 2013, los pagos ilegales llegaron a US$730 millones, más de tres veces el valor de las ganancias. Las coimas en el 2014 (US$450 millones) más que duplicaron el lucro.
¿Dónde se originó ese dinero y para qué sirvió? Parece que para mucho más que lo que hasta ahora se reconoce. El análisis de Coutinho sugiere que Odebrecht podría haber sido una estructura para el lavado de dinero a gran escala. Podría además haber sido usado para fines ideológicos. Odebrecht hizo pagos ilícitos a todo tipo de políticos y gobiernos en la región, pero, según Coutinho, fueron los gobiernos de izquierda los que utilizaron este financiamiento de la manera más astuta.
Odebrecht financió la campaña presidencial de Mauricio Funes, quien abrió las puertas para que el FMLN se apoderara nuevamente de El Salvador. Allí y en el Perú, Venezuela y Colombia, se enviaron asesores políticos cercanos al presidente brasileño Lula da Silva y se desembolsaron dineros sucios de Odebrecht. El Ecuador de Correa y la Argentina de los Kirchner recibieron US$33 millones y US$35 millones, respectivamente. Y no solo fue Odebrecht sino otras empresas brasileñas que hacían lo mismo con el respaldo del sistema político brasileño. Estamos por descubrir cuáles otros países, bancos, abogados y demás individuos e instituciones hasta ahora no vinculados a este escándalo también caerán.
Pese al aspecto ideológico, coincido con Coutinho cuando describe el asunto como “una estrategia político-criminal para llegar a, y principalmente perpetuarse en, el poder”. Ojalá que la condena que pronto recibirá Lula en las cortes brasileñas acelere las investigaciones sobre la corrupción continental que floreció bajo su liderazgo.
