Ian Vásquez, Instituo Cato
El Comercio, 25 de julio de 2017
El 30 de julio el régimen de Nicolás Maduro realizará elecciones para una Asamblea Constituyente a la que se opone la gran mayoría de venezolanos quienes la consideran ilegítima e ilegal. La asamblea, al reescribir la Constitución para que el sistema político venezolano se parezca más al de Cuba, tomará un paso decisivo para formalizar la dictadura chavista.
El presidente Donald Trump, quien recientemente anunció medidas para fortalecer el embargo contra Cuba, quiere imponer sanciones a Venezuela si lleva a cabo la votación. Según la Casa Blanca, están considerando todo tipo de medidas, incluyendo un embargo al petróleo venezolano.
Algunos conservadores en Estados Unidos han celebrado el anuncio de Trump. Pero sería un error imponer sanciones de gran alcance. Esto es porque el historial de tales medidas no es alentador. No suelen funcionar y frecuentemente son contraproducentes.
El estudio más completo del récord de sanciones, por Gary Hufbauer y coautores, encontró que no logran sus objetivos en el 66% de los casos. Si el objetivo de las medidas es amplio, como por ejemplo la democratización o el cambio de régimen, las sanciones tienen menos éxito. También sabemos que las sanciones que se aplican al comercio en general, o a productos importantes de la economía del país sancionado, pocas veces tienen éxito en cambiar las políticas del régimen en cuestión. Este sería el caso de Venezuela, cuyo petróleo representa el 95% de sus exportaciones.
Los embargos económicos son aun menos eficaces cuando no se aplican de manera multilateral. Para que un embargo pueda tener cierto éxito, se requiere la participación de numerosas naciones que sean socias en lo económico del país afectado. Esto es especialmente cierto en un mundo globalizado que ofrece alternativas comerciales internacionales. Y si se trata de un bien transado en todo el mercado mundial, como es el caso del petróleo, su venta es prácticamente imposible de prevenir. Lo que no se vende a EE.UU., el destino del 20% del petróleo venezolano, se venderá a otro país.
Eso no quiere decir que un embargo no impondría costos a Venezuela. El petróleo que explota Venezuela es un crudo extra pesado que no todo el mundo está en condiciones de refinar. Un embargo implicaría por lo menos un alza temporal en el precio mundial del petróleo por la disrupción que causaría, mientras que Venezuela vendería su crudo a un precio descontado. Según el economista Francisco Rodríguez, podría llegar a costarle hasta 11 puntos porcentuales de su PBI.
¿Este golpe sería suficiente como para persuadir a Maduro de que cambie de rumbo? Es dudoso. Las sanciones son todavía menos eficaces con respecto a regímenes autoritarios. Más bien, tienden a fortalecer las dictaduras, pues estas evaden responsabilidad por las desgracias que viven sus países y culpan al país que impone tales medidas. El ejemplo clásico es Cuba y el embargo contraproducente de EE.UU. Nunca entendí por qué tantos conservadores estadounidenses creían que el comunismo cubano iba ser exitoso sin un embargo. De la misma manera, Venezuela se está hundiendo solita sin necesidad de que EE.UU. le dé un empujón.
De hecho, el pueblo venezolano ya vive una crisis humanitaria en donde hay escasez de comida, medicinas y otros bienes básicos. Un embargo aumentaría el sufrimiento. Las sanciones a Iraq por parte de las Naciones Unidas, por ejemplo, cuadruplicaron la mortalidad infantil y produjeron cientos de miles de muertes. El costo de esta política de objetivos dudosos es demasiado alto.
Es admirable que EE.UU. y la comunidad internacional condenen al régimen de Maduro. De allí a aplicar sanciones generarles, sin embargo, sería lo contrario, pues significaría ignorar décadas de experiencias desalentadoras.
