Ian Vásquez
El Comercio, 27 de enero del 2026
“Alrededor de 100.000 hijos menores y cónyuges de estadounidenses o residentes legales están ahora prohibidos de inmigrar”.
Donald Trump llegó al poder prometiendo reducir el flujo de inmigrantes ilegales, a quienes frecuentemente describió como criminales violentos. Su meta, sin embargo, siempre fue reducir la inmigración legal también, y perseguir ese fin de manera agresiva.
A unos días desde que agentes migratorios asesinaron a un segundo ciudadano estadounidense, tiene sentido revisar la política migratoria de Trump durante el primer año de su segundo mandato.
Trump ha prohibido que se otorguen visas migratorias a ciudadanos de 93 países. Según el experto David Bier, esa cifra representa casi la mitad de quienes migraron a EE.UU. en el 2024. Colombia, Venezuela, Brasil y Uruguay se encuentran entre los países latinoamericanos incluidos en esa lista. Alrededor de 100.000 hijos menores y cónyuges de ciudadanos estadounidenses o residentes legales están ahora prohibidos de inmigrar.
Trump ha cancelado la lotería de visa y en la práctica ha puesto fin al programa estadounidense de refugiados. También ha impuesto un pago de US$100.000 a las empresas que quisieran contratar a un extranjero bajo la visa H1B, lo cual elimina esa opción para la mayoría de las compañías en el país. Con la excepción del año pandémico del 2020, Bier dice que “todas estas medidas provocarán la mayor reducción de la inmigración legal […] desde la década de 1920 y causarán la primera disminución sostenida de la población inmigrante total en décadas”.
En el 2025 se canceló además el estatus legal de alrededor de 2,5 millones de inmigrantes en EE.UU. y se les empezó a deportar. Eso afecta a quienes han estado en el país legalmente bajo programas humanitarios o con el estatus de protección temporal, como es el caso de alrededor de 600.000 venezolanos. Con el fin de aprobar a los individuos que obtienen ese estado de protección, el Gobierno de Estados Unidos tuvo que hacer un control de seguridad de cada uno. Aun así, el gobierno de Trump dice que está cancelando el estatus legal de los mismos para librar el país de delincuentes.
De hecho, tal como varias fuentes han documentado, el gobierno de Trump deportó docenas de inmigrantes legales al gulag salvadoreño que ha montado el presidente Bukele. Además, el 75% de los deportados a esa prisión carecía de un récord criminal.
La aplicación de las políticas migratorias de Trump ha llevado a que se vulnere la Constitución. La Corte Suprema, por ejemplo, le ha prohibido al gobierno de Trump deportar a inmigrantes sin que se beneficien de un debido proceso, como fue el caso de los deportados a El Salvador. Se están documentando numerosos casos de intrusiones ilegales a hogares o propiedades privadas por agentes migratorios, y se ha arrestado a estudiantes extranjeros por expresar opiniones políticas de manera no violenta. Esto ha sucedido a pesar de que la Constitución garantiza la libertad de expresión a quienes están en EE.UU., sean ciudadanos o no.
La Corte Suprema ha limitado el uso de la Guardia Nacional por Trump para propósitos de política migratoria. Desde entonces, Trump envió a alrededor de 2.000 agentes federales a la ciudad de Minneapolis con esos fines. Los agentes están parando a ciudadanos y pidiéndoles su identificación, algo que viola la tradición constitucional estadounidense. Esto ha provocado momentos tensos que han llevado en algunos casos a la detención de ciudadanos estadounidenses u otros abusos adicionales. La presencia de los agentes también ha provocado protestas masivas.
Todavía se está investigando, pero a toda vista, el asesinato de un ciudadano estadounidense en Minneapolis por agentes federales migratorios es consecuencia de una política agresiva que está perjudicando cada vez más a todos.
