Ian Vásquez
El Comercio, 24 de marzo del 2026
“La ley requiere que barcos que transportan carga entre puertos estadounidenses sean de propiedad estadounidense, construidos en EE.UU., tripulados por estadounidenses y matriculados en dicho país”.
Las emergencias nacionales ponen a prueba la resiliencia de las sociedades afectadas y muchas veces exponen deficiencias que ya no se pueden ignorar. Un ejemplo aleccionador lo ofrece la guerra de Estados Unidos contra Irán, que está poniendo el fracaso de una política industrial estadounidense a la luz del día.
Se trata de la Ley Jones, en vigor por más de 100 años, cuyo propósito ha sido fortalecer la construcción naval y la seguridad nacional. La ley requiere que barcos que transportan carga entre puertos estadounidenses sean de propiedad estadounidense, construidos en Estados Unidos, tripulados por estadounidenses y matriculados en Estados Unidos.
La idea es que tal protección estimularía la marina mercante y haría que el país sea menos dependiente de flotas extranjeras en tiempos de guerra u otras emergencias. Las necesidades comerciales de la nación no se verían amenazadas y muchos barcos se podrían usar para fines militares.
La realidad ha sido muy distinta. Al eliminar la competencia internacional –el 99% de los barcos del mundo no puede proveer este servicio en un país que tiene miles de kilómetros de costa y vías navegables–, los costos de transporte y de construcción se han elevado enormemente. Puede costar hasta tres veces más trasladar petróleo en un buque conforme con la Ley Jones comparado con los costos internacionales; construir un barco en Estados Unidos puede ser hasta cinco veces más costoso.
La ley es especialmente perjudicial para lugares como Hawái o Puerto Rico, que dependen tanto del transporte marítimo. Un estudio de la Universidad de Purdue calcula que en Puerto Rico la Ley Jones equivale a un arancel de 30% a los productos provenientes del territorio continental de EE.UU.
Al elevar tanto los precios de carga de esta manera, se producen resultados que los arquitectos de la ley no buscaron. El experto Scott Grabow documenta que la demanda por otros modos de transporte (como por carretera o ferroviario) aumenta y la de buques decrece. Eso eleva los costos para la gran mayoría de las empresas y hogares estadounidenses.
La ley genera resultados absurdos. Los granjeros en Carolina del Norte compran de Canadá alimentos de maíz para sus puercos en vez de comprarlos de Iowa. Se está transportando ganado en avión desde Hawái a los otros estados del país porque resulta más barato que cumplir los costos elevados que impone la Ley Jones.
Todo esto ha hecho que la industria de construcción naval en Estados Unidos sea mínima. Mientras que en China se construyen mil barcos de carga al año, en Estados Unidos se construyen dos o tres. Dado los enormes costos de fabricar, no existe un barco construido en Estados Unidos que transporte gas licuado. Por lo tanto, Puerto Rico y otras partes de Estados Unidos tienen que importar ese bien de otros países.
Dice Grabow: “Puerto Rico importó gas natural de Rusia el mismo mes en que Rusia invadió Ucrania. Por un lado, adoptamos una postura firme contra Rusia; por otro, importamos su energía, algo de lo que disponemos en abundancia. No te puedes inventar estas cosas”.
Ahora que la guerra contra Irán ha disparado los precios del petróleo, el presidente Trump ha declarado una exención de la Ley Jones por 60 días para el transporte de petróleo. Resulta que esta política industrial no solo ha debilitado la industria de construcción de buques, sino que también en momentos de guerra es conveniente suspender una ley que buscaba fortalecer la seguridad nacional.
La Ley Jones es la ley de cabotaje más restrictiva del mundo y ha fracasado rotundamente. Pero, como es el caso de tantas políticas industriales, ha perdurado debido a poderosos intereses creados a lo largo del tiempo.
